Este jueves, en la Plaza Dardo Rocha de Necochea, el Taller Protegido “Todo para Ellos”, acompañado por el Centro de Día “Ser”, organizó una jornada de visibilización en la que se exigió el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. La acción buscó sensibilizar a la comunidad y reclamar por la mejora en el acceso a la salud, la vida y la inclusión social para este grupo vulnerable, cuyo acceso a los servicios de salud y a las prestaciones contempladas por la Ley 24.901 está siendo seriamente afectado por el desfasaje en los valores de las prestaciones y las demoras administrativas.

Previo a la jornada, se distribuyó a la prensa una serie de placas explicativas con los puntos clave de la problemática que enfrentan las personas con discapacidad en el contexto actual. El Taller Protegido remarcó los principales reclamos, buscando hacer visible una situación que se encuentra en emergencia debido a los atrasos y dificultades para acceder a las prestaciones necesarias para garantizar la salud y el bienestar de las personas con discapacidad.

Principales reclamos y exigencias

1. Adecuación arancelaria urgente: El Taller Protegido destacó que las prestaciones de salud para las personas con discapacidad no han sido ajustadas a la inflación ni a los acuerdos paritarios. La falta de una actualización en los valores establecidos para estos servicios pone en riesgo la calidad prestacional y su continuidad. Las prestaciones que cubren necesidades esenciales como la rehabilitación, la atención médica y otros servicios de salud son esenciales para garantizar el bienestar de las personas con discapacidad, y su desajuste económico está afectando gravemente su acceso.

2. Autorización de prestaciones pendientes: Otro de los reclamos centrales fue la demora en la autorización de nuevas prestaciones para las personas con discapacidad. La organización solicitó que se autoricen con urgencia aquellas prestaciones que aún están pendientes de aprobación, ya que, sin ellas, muchas personas se ven privadas de tratamientos médicos y terapéuticos imprescindibles.

3. Altas pendientes del Programa Incluir Salud: El Taller también subrayó la necesidad de una recomposición del programa Incluir Salud, que financia coberturas médicas y asistenciales para personas con discapacidad, madres de siete o más hijos, y adultos mayores en situación de vulnerabilidad. Actualmente, hay altas pendientes de hasta un año en algunos casos, lo que ha dejado a muchas personas sin acceso a servicios médicos. Esto afecta directamente a aquellos que no pueden permitirse tratamientos de manera particular.

4. Denuncian demora en la autorización de nuevas prestaciones: Más de un año ha pasado sin que se autoricen nuevas solicitudes para prestaciones médicas esenciales, lo que está dejando a numerosos niños, jóvenes y adultos con discapacidad sin acceso a los tratamientos que requieren.

Mitos y Realidades

Se dedicó un espacio para desmentir mitos sobre las pensiones no contributivas por discapacidad, que a menudo son objeto de malentendidos en la sociedad o de operaciones de prensa guionadas por el gobierno nacional. Desde el Taller Protegido, difundieron una serie de mitos y realidades que aclararon para combatir los prejuicios y desinformación que afectan a las personas con discapacidad:

• Mito 1: “Todas las pensiones por discapacidad están mal otorgadas”
  Realidad: Si bien existen irregularidades en el sistema, estos casos son excepcionales, no representan la generalidad. Las pensiones no contributivas bien otorgadas son un eslabón fundamental para la inclusión y la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad.

• Mito 2: “Los prestadores lucran con la discapacidad”
  Realidad: Las prestaciones son necesarias para que las personas con discapacidad puedan acceder a salud, educación, rehabilitación, y otros apoyos vitales. Los prestadores ofrecen servicios de calidad de acuerdo con los estándares y exigencias regulatorias. Además, son los primeros en brindar asistencia cuando el estado se ausenta o la sociedad es indiferente.

• Mito 3: “El estado no debe intervenir ni financiar el sistema de prestaciones básicas a favor de personas con discapacidad, que se ocupe el sector privado”
  Realidad: El estado tiene la responsabilidad de financiar y regular el sistema de prestaciones para personas con discapacidad, de acuerdo con lo establecido por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. No hay ni habrá un sistema privado que pueda reemplazar la obligación del estado de garantizar estos derechos. Sin la intervención estatal, la inclusión social y el acceso a derechos básicos de las personas con discapacidad se verían gravemente afectados.

Llamado a la acción

Desde el Taller Protegido, se hizo un fuerte llamado a la acción inmediata por parte de las autoridades nacionales y provinciales para que se tomen medidas urgentes en relación con la adecuación de los valores de las prestaciones y la autorización de las prestaciones pendientes. “Es hora de que el Estado asuma su responsabilidad y garantice que las personas con discapacidad puedan acceder a la atención médica y los servicios que requieren para llevar una vida digna”, concluyeron desde la organización.

La jornada fue un llamado a la concientización, en el que se instó a la comunidad a involucrarse en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, entendiendo que su bienestar no debe ser condicionado por su capacidad económica, y que todos tienen el derecho a acceder a una salud de calidad, independientemente de su situación.