

La investigación, que comenzó a finales de mayo del año pasado, destapó una red de crimen organizado vinculada al tráfico de drogas, juego ilegal y posesión de armas. Los operativos, realizados por la Prefectura Naval Argentina, incluyeron allanamientos en varios domicilios de Necochea y La Matanza, donde se incautaron bienes de alto valor y material comprometedor.
En total se secuestraron:
545.000 dólares en efectivo.
22.000.000 de pesos en efectivo.
2 kilogramos de oro en lingotes.
66.000 dólares en criptomonedas.
50 gramos de Cocaína.
Los allanamientos también revelaron un juego clandestino de proporciones, lo que llevó a que cinco personas más fueran imputadas, sumando un total de 12 acusados.
Los principales acusados incluyen a Noel Martí, ex policía, contador y presunto líder de la banda, Leonardo Jover, un empresario vinculado a la organización, Mike Volpe, imputado también por distribución de imágenes de abuso infantil, Carlos Amondaraían, Ayelén Gómez, Adriana Beldoménico y Oscar Willy Cribilleros, un ciudadano peruano detenido en CABA.
La novedad en esta fase de la causa es la inclusión de cinco nuevos imputados, todos relacionados con el juego clandestino: Francisco Medina (ex concejal y ex tesorero de la UPC), Giuseppe Ambruoso, Rosario Marti, Maximiliano Salvide e Higinio Casas.
Los acusados enfrentan cargos por comercialización de estupefacientes, tenencia ilegal de armas, juego clandestino y lavado de activos. En cuanto al lavado de dinero, el fiscal solicitó que este caso se derive a la Justicia Federal, dada la complejidad del delito.
En este sentido, la jueza Aída Lhez, del Juzgado de Garantías Nº 2 de Necochea, será la encargada de analizar los elementos probatorios y decidir sobre el futuro de los acusados. Las pruebas incluyen información extraída de dispositivos electrónicos que pretenden demostrar el vínculo entre el narcotráfico y las actividades ilegales del juego.
El caso se llevará a juicio en el Tribunal Criminal Nº 1 de Necochea, y se espera que el juicio oral comience a finales de este año o principios del 2026. Se espera que los acusados enfrenten una serie de pruebas contundentes que incluyen declaraciones de testigos, material incautado y pericias digitales.
Este juicio será clave para la justicia local, ya que las implicaciones de los delitos son graves y afectan la seguridad y bienestar de la comunidad. La causa ha puesto de manifiesto cómo el crimen organizado puede infiltrarse en diversas actividades, desde el tráfico de drogas hasta el juego ilegal, lo que subraya la necesidad de una acción firme y decidida por parte del sistema judicial.