

La auditoría, que se encuentra en marcha, tiene como objetivo realizar una revisión profunda de los mecanismos de compra y provisión de insumos, con el fin de erradicar las “mafias internas” y los “abusos heredados de gestiones anteriores”. El comunicado oficial del PAMI destaca que esta acción está dirigida a eliminar lo que consideran una “caja negra al servicio de la política”.
"Detectamos un uso llamativamente elevado de las vías de excepción, un mecanismo que debería ser excepcional, para la entrega de medicamentos e insumos. Esto no se va a tolerar", informó el gobierno, asegurando que de comprobarse irregularidades, se procederá con sanciones a los responsables.
La decisión llega en un contexto de creciente tensión política, donde la administración de Milei se ha comprometido a cambiar las reglas del juego y actuar con firmeza para evitar que el dinero destinado a los jubilados termine en manos equivocadas.
El gobierno de Milei asegura que no se tolerarán más abusos ni manipulaciones en el PAMI, marcando una clara diferencia con las prácticas del pasado. A través de esta auditoría, buscan dar un mensaje de transparencia y responsabilidad frente a los ciudadanos, especialmente a los jubilados que dependen de este servicio esencial.