La reciente decisión del gobierno nacional de Javier Milei de "desguazar" el fondo de la CONABIP (Comisión Nacional de Bibliotecas Populares) generó una inmediata y profunda preocupación en el ámbito cultural de Necochea y Quequén. Esta situación llevó al concejal Mauro Velázquez, referente del Frente Renovador, a convocar de urgencia a representantes de las bibliotecas populares del distrito para analizar el impacto de una medida que, según advierten, pone en riesgo su subsistencia.

El encuentro se llevó a cabo el jueves 22 de mayo en la sala del Honorable Concejo Deliberante (HCD), en el marco de la Comisión de Cultura y Educación, presidida por la concejal Mariela Maceiro (CV). La comisión recibió específicamente a referentes de las bibliotecas Andrés Ferreyra, Sarmiento, Quequén y la José Hernández de Juan N. Fernández, quienes informaron sobre la problemática que atraviesan en relación con el futuro de los fondos de la CONABIP y el inminente peligro de no poder continuar percibiéndolos.

La principal preocupación que surgió de la reunión es que la determinación nacional va "en detrimento del derecho a la cultura, a la educación y a la información", tres pilares fundamentales que, con esta quita de recursos, ven amenazado su funcionamiento a corto y mediano plazo. Las bibliotecas populares, muchas con más de 155 años de historia ininterrumpida en el país, dependen críticamente de este fondo para su operatividad diaria.

Velázquez manifestó su seria preocupación al finalizar el encuentro, enfatizando la gravedad de la situación para las instituciones locales. “Nos juntamos con las diferentes instituciones y analizamos la problemática, y quedamos en llevar adelante planes de acción en conjunto a partir de hoy mismo, junto al Ejecutivo municipal y al privado, porque esta es una situación compleja que nos incumbe a todos”, indicó  señalando la necesidad de una respuesta coordinada que trascienda las diferencias políticas. En el debate de la Comisión de Cultura, se delinearon distintos planes de acción para llevar adelante en conjunto con el Ejecutivo y el sector privado del distrito.

Un sistema vital amenazado: el rol social y cultural de las Bibliotecas Populares

Las Bibliotecas Populares son mucho más que depósitos de libros. Funcionan como asociaciones civiles con comisiones directivas voluntarias, integradas por vecinos y vecinas comprometidos con la comunidad. Son espacios de encuentro, aprendizaje y promoción cultural, donde gran parte de los talleres y actividades se ofrecen sin costo, financiados a menudo por proyectos postulados a la CONABIP y otras entidades. Representan la “salida en comunidad”, como muchos de sus miembros la definen, siendo un punto de encuentro y contención social.

El origen de la CONABIP se remonta a la Ley 419 del 23 de septiembre de 1870, creada bajo el impulso de Domingo Faustino Sarmiento con la misión de fomentar estas instituciones. A lo largo de la historia, tuvo interrupciones y, en contraste, un fuerte respaldo durante los gobiernos de Juan Domingo Perón, que priorizaron su crecimiento y la autonomía. En 1986, la Ley 23.351 de Bibliotecas Populares consolidó su marco legal y creó el Fondo Especial para Bibliotecas Populares, un pilar innegociable de su financiación.

Actualmente, el peligro radica en que el proyecto de Ley Ómnibus o los decretos del Poder Ejecutivo amenacen la autarquía, el modelo de funcionamiento y el financiamiento de estas instituciones. Es crucial destacar que, contra lo que sugiere el discurso oficial, el Fondo Especial para Bibliotecas Populares no afecta a otros sectores de la sociedad, ya que se nutre, según la ley vigente, de un impuesto sobre los premios de juegos de azar, así como de herencias, legados y donaciones específicas. No proviene de los impuestos generales de la ciudadanía.

En la provincia de Buenos Aires, hay unas 500 bibliotecas populares formalmente registradas, lo que revela un promedio de más de tres por municipio. A nivel nacional, se estima que el total asciende a unas 2000. Estas instituciones desarrollan un modelo de trabajo colectivo, de vinculación con la comunidad y de promoción de la lectura, articulando con municipios, escuelas y unidades de atención primaria a la salud. Su adaptabilidad las lleva a operar incluso con bibliomóviles, bibliolanchas o bibliobicis para distribuir libros y promover la cultura en diversas regiones, llegando donde el Estado a menudo no llega.

La degradación de la CONABIP a una Dirección Nacional, que la sometería a la discrecionalidad de las autoridades gubernamentales de turno y desvincularía su financiamiento de la Ley 23.351, es el principal temor. Si bien la CONABIP no emitió comunicados oficiales, la confirmación informal de su presidente generó un clima de angustia. Este cambio no solo pone en riesgo la fuente de trabajo de sus empleados, sino un "modo de pensar lo común".

El concejal Velázquez ya había manifestado preocupación el año pasado por el desfinanciamiento. En ese entonces, presentó un proyecto para que el gobierno municipal encabece las gestiones pertinentes en Nación con el fin de que los recursos sean enviados en tiempo y forma a las bibliotecas populares.

La situación actual intensifica la urgencia, y las Bibliotecas Populares de Necochea, pilares fundamentales de la vida cultural y social, aguardan con atención las próximas acciones para defender su continuidad y el derecho al acceso a la cultura de miles de vecinos.