

Las compañías de telefonía celular tienen ahora el requerimiento de informar los números a nombre del presidente Javier Milei, de su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y de otros actores locales asociados al lanzamiento, como Mauricio Gaspar Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Daniel Morales. La medida también incluye datos de geolocalización de la línea telefónica asociada a Hayden Mark Davis, el supuesto empresario cripto que diseñó $LIBRA y que, se sabe, mantuvo al menos una reunión con el mandatario argentino.
Esta exhaustiva solicitud abarca los movimientos telefónicos desde enero de 2024 hasta la actualidad. El objetivo central del fiscal Taiano es realizar un "entrecruzamiento de las líneas para reconstruir sobre todo las horas previas al lanzamiento de la criptomoneda que fue promocionada por el presidente Milei a través de su cuenta de X". La medida surge a raíz de un pedido de Martín Romeo, uno de los damnificados, quien ha sido aceptado como querellante en la causa.
Paralelamente, la jueza María Servini, quien interviene en el caso, ya había solicitado información sobre el patrimonio del Presidente y de su hermana a entidades como el Banco Central, la Oficina Anticorrupción y la ANSES. Estas acciones buscan analizar posibles movimientos financieros que pudieran estar vinculados a la presunta estafa.
La investigación en curso tiene como meta principal determinar "las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon la creación y el lanzamiento de $LIBRA", la criptomoneda que cobró notoriedad tras ser promocionada por el presidente Milei en sus redes sociales el viernes 14 de febrero. El fiscal Taiano también ha requerido los registros oficiales y la titularidad del sitio web que promovió el token, con el fin de "poder determinar el grado de participación que tuvo el Milei y otros funcionarios de su Gobierno".
La complejidad de la causa $LIBRA se amplifica con un desarrollo significativo a nivel internacional. La Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York ha ordenado el congelamiento de 280 millones de dólares provenientes de las ganancias generadas por la venta de esta criptomoneda.
Esta contundente medida, solicitada por el estudio jurídico Treanor, tiene como propósito principal "evitar que los presuntos responsables dispongan de los fondos mientras avanza la causa judicial". Según trascendió a través de Clarín, la jueza Jennifer Louise Rochon fue la firmante de la resolución, que además incluye la inmovilización de otros 58 millones de dólares depositados en billeteras virtuales directamente conectadas con la operación. Esta última parte de la orden fue ejecutada por Circle Internet Group, la empresa emisora del criptoactivo.
Timothy J. Treanor, director de Treanor Law y exfiscal federal, subrayó la importancia de esta acción: “Se trata de un paso clave para garantizar justicia a quienes compraron $LIBRA engañados por promesas falsas sobre su impacto en la economía argentina”. Remarcó, además, que la orden contra Circle representa "el congelamiento más alto que se haya conseguido contra un emisor cripto por iniciativa de un particular".