En el marco de una nueva conmemoración del 3 de junio, fecha que dio nacimiento al movimiento Ni Una Menos, la presidenta del Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén, Jimena López, dialogó en el programa Código Abierto (FM K2) sobre la vigencia del reclamo feminista, la figura del femicidio y las políticas públicas locales.

“El 3J en realidad tiene que ver con una lucha histórica de las mujeres y el colectivo LGTBQ+ en donde tiene que ver con el reconocimiento de nuestros derechos”, afirmó López al ser consultada por el periodista Alejandro Sánchez.

Al referirse al homenaje que impulsó la Dirección de Políticas de Género con un código QR en memoria de víctimas de femicidio como Magalí Vera, valoró el gesto, pero fue clara:

“Es importante que el municipio a través de la Dirección de Políticas de Género tome la iniciativa de una actividad que sensibilice, pero también me gustaría que se dotara de recursos y se actuara verdaderamente en las situaciones de violencia y no solamente con un QR y un recordatorio”.

Sobre el listado que se podrá escanear mediante el código, indicó:
“Entiendo que el QR que pondrán tiene el listado del Observatorio Zambrano, que es el más reconocido, en donde también aparece Celihueta y hechos que no fueron esclarecidos y que califican como femicidio por su condición de mujer”.

Jimena López también se refirió a los ataques que ha sufrido la figura del femicidio en los últimos tiempos. Recordó que "quiso ser sacada del Código Penal por el gobierno del presidente Milei, donde se planteaba que no existía agravante, y en realidad el femicidio se tipifica de esa forma por considerarse que nuestra condición de mujer hace que nos asesinen de otra manera".

“En algún momento los medios decían crímenes pasionales, porque generalmente quienes nos asesinan son cercanos a nuestro círculo inmediato o familiar, o con algún tipo de vínculo con nosotras. Se crea la figura de femicidio como un agravante en el Código Penal”, explicó.

Y agregó: “No es más ni menos que una justicia reparatoria. Quien inicia esta cuestión es pensar el caso de Alicia Muñiz. Y me parece que es necesario este tipo de actividades para no olvidar las víctimas, las familias y sus hijos e hijas, que atraviesan un proceso muy complejo. Porque el padre sale a hablar desde la cárcel, no tendría que ser permitido. Si bien hay que guardar las garantías del proceso, el victimario es victimario”.

Sobre la necesidad de prevenir, sostuvo:

“Me parece que nos siguen faltando dispositivos. Hay que actuar preventivamente desde la ESI, con el tema de la violencia en noviazgos. La violencia no inicia de un día para el otro. Hay una escalera que va subiendo la conflictividad y el nivel de agresión del agresor hacia la víctima”.

“Hay que trabajar y es fundamental desnaturalizar modelos de vínculos aprendidos”, remarcó.

Al hablar de la joven Magalí Vera, asesinada por su pareja en 2024, López expresó: “Magalí nunca había contado que vivía situaciones de violencia y es muy complejo. Y nosotras seguimos sintiendo mucha vergüenza, porque por abajo sigue subyaciendo el tema de ‘algo habrán hecho’”.

Recordamos que Jimena López fue la impulsora de la creación de la Dirección de Políticas de Género del municipio, durante su gestión como secretaria de Desarrollo Humano y Políticas Sociales. Puso al frente a Leticia Locio, licenciada en Psicología, y durante esa etapa se llevaron adelante tareas de prevención en escuelas, centros de salud y espacios públicos, con ejes como la ESI, noviazgos violentos, violencia doméstica, familiar y laboral.

También se desarrolló el programa Alerta Violeta, con el objetivo de concientizar desde la vía pública a la comunidad adolescente, repartir folletería, preservativos, y brindar herramientas de protección y educación sexual. Además, existían programas económicos de apoyo, gabinetes terapéuticos y acompañamiento integral a mujeres y personas trans durante el proceso de denuncia.

Tras el cierre de esa gestión en 2019, la dirección sufrió recortes presupuestarios, denuncias de violencia laboral interna, la renuncia de su entonces directora Noelia Otero, y el paso de otras funcionarias que no lograron sostenerse en el cargo. Actualmente, no se realizan operativos territoriales ni acciones preventivas, sino solamente atención a demanda, y con limitados recursos.

Para prevenir las violencias y asistir a quienes las padecen, no alcanza con buenas intenciones o acciones simbólicas. Se necesitan recursos materiales, personal capacitado, dispositivos de acompañamiento, articulación con organismos judiciales y sociales, así como presencia territorial en los barrios. Sin inversión en políticas públicas, los gestos quedan vacíos y el Estado no logra cumplir su rol de protección y reparación.

En diciembre de 2024, durante una exposición ante el Concejo Deliberante, Sandra Antenucci, secretaria de Desarrollo Humano y Políticas Sociales del municipio de Necochea —área de la cual depende la Dirección de Políticas de Género—, reconoció que los recursos son finitos, que actúan sólo cuando las mujeres llegan a la oficina, que no cuentan con acompañantes terapéuticos, y que no hacen trabajo territorial. Estas declaraciones reflejan la falta de recursos concretos y la ausencia de una política integral que permita prevenir y acompañar efectivamente a quienes atraviesan situaciones de violencia por motivos de género.