La muerte de Thiago Correa, un niño de siete años alcanzado por un disparo en la cabeza durante un confuso episodio en Ciudad Evita, ha reavivado el debate sobre el uso desmedido de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad. El policía Facundo Aguilar Fajardo, de 21 años, quien estaba fuera de servicio y vestido de civil, disparó en un contexto de lo que se presentaba como un intento de robo. Tras una persecución en la que efectuó once disparos, uno de ellos impactó fatalmente en la cabeza de Thiago, quien caminaba junto a su padre a casi dos cuadras de donde se originó la balacera.

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, no dudó en defender al policía implicado en el tiroteo. En conferencia de prensa, justificó su accionar, asegurando que fue un caso de "legítima defensa". Bullrich argumentó que los únicos responsables de esta tragedia eran los delincuentes, deslizándose en un discurso que busca eximir de toda responsabilidad al agente de la Policía Federal. "Los responsables son los delincuentes", sostuvo Bullrich, mientras el pequeño Thiago aún luchaba por su vida en el hospital.

Esta postura ha generado fuertes críticas de organizaciones de derechos humanos y de la sociedad en general. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) ha señalado que este tipo de intervenciones no reglamentadas, donde los agentes disparan sin el control adecuado, son un claro ejemplo de abuso de la fuerza. En sus declaraciones, el CELS advirtió que, en el 83% de las muertes causadas en incidentes similares, los responsables eran agentes fuera de servicio. "Estas intervenciones son improvisadas y desproporcionadas", señaló la organización.

Lo que complica aún más la versión oficial, respaldada por la ministra Bullrich, son las pruebas que surgen de las cámaras de seguridad. Los delincuentes ya estaban huyendo cuando los disparos comenzaron. Además, el revólver encontrado en manos de uno de los jóvenes no estaba en condiciones de ser utilizado, lo que pone en duda la legitimidad de la reacción del policía.

En lugar de reconocer el error y la imprudencia de un agente recién incorporado a la fuerza, Bullrich ha mantenido una postura de blindaje hacia las fuerzas de seguridad. La ministra, de hecho, no solo defendió al policía, sino que también insinuó que los jóvenes involucrados en el intento de robo deberían ser imputados por la muerte del niño. Para la funcionaria, los delincuentes fueron los verdaderos responsables del hecho, incluso cuando las pruebas apuntan a que el disparo fatal fue efectuado por el policía.

La defensa del "exceso de legítima defensa" por parte de Bullrich revive el espectro de la Doctrina Chocobar, que justifica el uso de la fuerza letal por parte de los agentes de seguridad, incluso en situaciones donde no hay una amenaza directa. En ese sentido, la postura de Bullrich se alinea con la lógica de la represión sin control, algo que la sociedad ya ha visto en otros incidentes similares, como el caso de Luis Chocobar, un policía que fue defendido por la ministra tras ejecutar a un joven que huía.

Si los delincuentes no hubieran salido a robar, hoy Thiago estaría con su familia.

Facundo, un policía de 21 años que salía a trabajar, se defendió y defendió a su mamá de una banda de delincuentes armados. Actuó ante una situación desesperante y de peligro.

Los cuatro… pic.twitter.com/HDqa0qsXmP

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 6, 2025

El hecho de que el policía actuara fuera de servicio y sin la experiencia suficiente para manejar una situación de riesgo tan delicada también plantea interrogantes sobre los protocolos de actuación en estos casos. Facundo Aguilar es un policía recién egresado, lo que evidencia una vez más los peligros de permitir que agentes poco experimentados porten armas en situaciones no reglamentadas. En su intervención, la falta de formación y el exceso de violencia fueron factores determinantes que llevaron a la muerte del pequeño Thiago.

Por otro lado, el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, intervino en el debate, sugiriendo que el revólver de los delincuentes estaba descargado. A su juicio, no hubo dolo por parte del agente, y la Justicia debería encargarse de definir la responsabilidad del caso. Alonso también aprovechó para destacar la mejora en la seguridad de la provincia, al señalar que los homicidios habían disminuido un 13% en comparación con el año anterior.

 “Hay que terminar con el show mediático y con el carancheo de este gobierno nacional”, afirmó en declaraciones a la prensa. Y fue más allá: “Eso incluye a los candidatos que buscan votos apropiándose del dolor de las víctimas”.

Además, apuntó directamente contra la gestión libertaria: “No nos dan un peso, nos sacaron un fondo de 700 millones de pesos y tampoco invierten en las fuerzas federales: no hay helicópteros, no hay lanchas, no hay nada”. Frente a esa falta de recursos, el ministro fue terminante: “Hay que meter plata, no meter bala”.

Sin embargo, para las organizaciones de derechos humanos y para muchos sectores de la sociedad, lo ocurrido con Thiago es un claro ejemplo de gatillo fácil, de un exceso de legítima defensa, y de la imprudencia de un policía sin la experiencia necesaria para manejar una situación tan compleja. La falta de respuestas claras por parte del Gobierno nacional y provincial genera más incertidumbre y alimenta la creciente preocupación por la violencia institucional en el país.

El caso de Thiago Correa es solo un capítulo más en la historia de impunidad y violencia policial que atraviesa la Argentina, y deja en evidencia la necesidad urgente de reformar las políticas de seguridad y revisar los protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad. Mientras tanto, la familia de Thiago clama justicia, y la sociedad sigue esperando una respuesta que no llega.