

La decisión, conocida oficialmente este 10 de junio, implica un hecho sin precedentes en la historia argentina: es la primera vez que una expresidenta constitucional queda condenada con fallo firme por hechos de corrupción durante su gestión. La condena había sido dictada por el Tribunal Oral Federal N°2 en diciembre de 2022 y ratificada por la Cámara Federal de Casación en 2023. La Corte sostuvo que no hubo arbitrariedad ni violación de garantías constitucionales en el proceso.
Una causa que divide aguas
La causa conocida como “Vialidad” investigó la adjudicación de 51 obras públicas viales a empresas vinculadas al empresario Lázaro Báez en Santa Cruz, entre 2003 y 2015. Los jueces consideraron que hubo un esquema sistemático de direccionamiento de contratos para beneficiar a Báez, cercano al matrimonio Kirchner.
Desde el peronismo y sectores del kirchnerismo, la reacción fue inmediata. Dirigentes como Axel Kicillof, Sergio Massa y Wado de Pedro denunciaron una maniobra de “persecución política” para impedir que Cristina pueda volver a presentarse como candidata. “No hay pruebas, sólo una operación judicial y mediática para proscribirla”, aseguraron en redes y en un documento conjunto difundido por el Partido Justicialista.
La propia Cristina había anticipado esto cuando afirmó: “No me van a condenar por lo que hice, me van a condenar por lo que represento”.
En paralelo, el presidente Javier Milei celebró el fallo desde Israel, con un mensaje en redes donde escribió: “Justicia. Fin”, y apuntó contra los “periodistas corruptos y los políticos mentirosos que hablaron de pactos de impunidad”.
Aunque la sentencia ya está firme, fuentes judiciales aclararon que “nada es automático”. La ejecución de la pena será evaluada en las próximas semanas y se analiza un eventual pedido de prisión domiciliaria con tobillera electrónica, dado que Cristina tiene 72 años y no cuenta con antecedentes penales. La defensa, por su parte, evalúa presentar recursos internacionales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El impacto político es inmediato. La confirmación de la condena deja fuera del escenario electoral a la principal figura del peronismo en los últimos 20 años y genera una fuerte conmoción interna. En las últimas horas, militantes se movilizaron en distintos puntos del país y cortaron accesos en rechazo a lo que califican como un acto de “proscripción judicial”.
El fallo, que llega en un momento de fuerte tensión institucional y polarización política, reconfigura el escenario de cara a las elecciones legislativas de 2025 y reaviva el debate sobre la independencia del Poder Judicial en la Argentina.