Las bibliotecas populares, actores clave en la historia cultural de la Argentina, presentaron una demanda colectiva ante la Justicia para frenar el Decreto 345/25 del Gobierno de Javier Milei, que amenaza con desmantelar la estructura federal de la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares (CONABIP).

Un recurso judicial para defender la autonomía y el acceso democrático a la cultura

Las bibliotecas populares han unido fuerzas en una demanda colectiva en la que solicitan la inconstitucionalidad del Decreto 345/25, publicado en el Boletín Oficial el 22 de mayo de este año. La medida, que modifica de manera estructural la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares (CONABIP), ha generado una fuerte alarma en todo el país debido a que atenta contra el modelo federal que ha permitido a las bibliotecas alcanzar a más de 4 millones de personas a través de una red de más de 1.500 instituciones culturales.

El recurso judicial busca frenar los efectos de varios artículos del Decreto, que se consideran violatorios de la Constitución Nacional y de tratados internacionales. La medida pone en peligro la autonomía de la CONABIP y su capacidad para gestionar el Fondo Especial de Bibliotecas Populares, vital para el funcionamiento y desarrollo de estas instituciones.

El escrito, patrocinado por el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, argumenta que el decreto excede las facultades delegadas por el Congreso y desconoce el derecho colectivo de las bibliotecas a participar en la vida cultural del país. “Este decreto desmantela un modelo de gestión que lleva más de 150 años de historia, promoviendo un centralismo que despoja de su autonomía a las bibliotecas populares”, explica Mara Dalponte, integrante de la Biblioteca Popular Tupac Amaru, una de las principales demandantes.

Un fuerte respaldo de referentes de la cultura y exministros

La demanda ha recibido un amplio respaldo de la sociedad civil y de figuras del ámbito cultural. Más de 5.000 artistas, escritores, académicos y gestores culturales han firmado un manifiesto en apoyo a las bibliotecas populares. Entre los firmantes se encuentran figuras destacadas como Pacho O'Donnell, Teresa Parodi, León Gieco, Claudia Piñeiro, María Teresa Andruetto, y muchos otros.

Además, exministros de Cultura de diferentes gobiernos, como Rubén Stella, Pablo Avelluto y Teresa Parodi, se han expresado en contra de las modificaciones propuestas por el decreto, alertando sobre los riesgos de “desmantelar una política pública histórica, exitosa y profundamente democrática”.

“Este decreto no moderniza ni mejora la gestión de la CONABIP, sino que desmantela un sistema que ha sido un referente en América Latina. La eliminación de su autonomía significaría un retroceso en el acceso a la cultura y la lectura en todo el país”, sostiene Paula Kriscautzky, de la Biblioteca del Otro lado del Árbol.

El riesgo del desmantelamiento de 155 años de historia

Creada en 1870 por Domingo F. Sarmiento, la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares ha sido un pilar fundamental en la historia cultural de la Argentina. A lo largo de más de un siglo y medio, ha trabajado para garantizar el acceso democrático a la cultura y a la lectura en todos los rincones del país.

Sin embargo, el Decreto 345/25 pone en riesgo esa estructura histórica, centralizando la gestión y dejando en manos del Gobierno la administración del fondo destinado a las bibliotecas populares. “El Fondo Especial de Bibliotecas Populares es vital para el sostenimiento de estas instituciones, muchas de las cuales son autogestionadas y dependen de este apoyo para seguir funcionando”, señala Maria del Carmen Bianchi, ex presidenta de la CONABIP.

Desde Necochea fue Alberto Franco referente de la Biblioteca Popular Andrés Ferreyra quién explicó los riesgos de la medida impulsada por el gobierno de Javier Milei ante el Concejo Deliberante.

La acción colectiva se extiende a todo el país

Las bibliotecas populares de todo el país están organizándose para exigir el rechazo del Decreto 345/25. Desde la publicación del decreto, se han llevado a cabo una serie de acciones, que incluyen cartas y reuniones con legisladores, difusión en medios locales y redes sociales, y manifestaciones públicas. Además, se están reuniendo firmas para que la Comisión Bicameral del Congreso de la Nación se expida sobre el tema y se rechace el Decreto.

El apoyo internacional y la adhesión de la comunidad cultural

La preocupación por el futuro de las bibliotecas populares no es solo nacional. La Red Internacional por las Bibliotecas Populares ha emitido un comunicado en el que expresa su solidaridad con las bibliotecas argentinas y advierte sobre el peligro de que la medida se convierta en un precedente para otros países de la región. La Fundación El Libro, la Cámara Argentina del Libro, y diversas asociaciones internacionales también han mostrado su apoyo.

Entre los más de 5.000 firmantes del manifiesto en defensa de la CONABIP se encuentran escritores y artistas de renombre, como Griselda Gambaro, León Gieco, Claudia Piñeiro, Alan Pauls, y muchos más. Este respaldo pone de manifiesto la importancia de las bibliotecas populares como un eje cultural y democrático en la sociedad argentina.

Acción judicial y lucha por la autonomía cultural

La demanda colectiva presentada ante la Justicia busca frenar el avance del Decreto 345/25 y proteger la autonomía de las bibliotecas populares frente a un modelo centralizado que despoja al sistema de su esencia federal. La acción judicial también tiene como objetivo garantizar que las bibliotecas sigan siendo espacios autónomos, abiertos y democráticos, sin depender exclusivamente de los intereses del Gobierno de turno.

Con esta acción, las bibliotecas populares buscan asegurar su continuidad, preservar su independencia y defender un modelo de gestión que ha sido un referente en el país durante más de 150 años.