En medio de la campaña electoral, la Justicia Federal y el Gobierno nacional impulsan un proceso judicial contra militantes feministas acusadas de delitos graves por una protesta que inicialmente fue una contravención municipal. Las detenciones y la judicialización despiertan alarmas sobre la persecución política y la restricción de derechos fundamentales.

Contexto y acusaciones judiciales

Un grupo de activistas, entre ellas la funcionaria Alesia Abaigar y la concejal Eva Mieri, fue imputado por delitos graves —atentado contra el orden público, amenazas coactivas agravadas e incitación al odio político— tras su supuesta participación en un escrache frente a la casa del diputado José Luis Espert, en Beccar. La protesta consistió en colocar un pasacalle con insultos y arrojar excrementos en la vereda, una contravención menor que fue elevada a una causa federal bajo el impulso del Ministerio de Seguridad y el aval de la jueza María Gabriela Arroyo Salgado.

El rol de la Justicia Federal y el Gobierno Nacional

El proceso, que se vincula directamente con la gestión de Patricia Bullrich, ha generado denuncias por parte de organizaciones sociales y políticas, que señalan un uso desproporcionado y político del aparato judicial para acallar voces críticas.

Leticia Locio, funcionaria del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, explicó:

“Se trata de un proceso de persecución política que se dirige particularmente a quienes se organizan, a quienes plantean opiniones diferentes. Las detenciones que se produjeron se dan en el marco de una acción decidida contra las mujeres y diversidades y contra todo lo que tiene que ver con los espacios que reivindican los derechos en clave de género”.

Locio agregó que:

“No se trata de acciones que tengan que ver con lo jurídico, sino que tienen que ver con lo político y donde, lamentablemente, algunas personas dentro del sistema judicial se convierten en el brazo ejecutor de un gobierno que está decidido a establecer, a definir a las mujeres y a las diversidades como enemigas”.

Condiciones de detención y contexto social

Además, denunció el trato recibido por las detenidas:

“No solamente las compañeras resultan detenidas por hechos que no están del todo definidos en términos jurídicos, sino que también las condiciones mismas de detención fueron de una crueldad y de un nivel de maltrato desmesurado, poniendo en riesgo incluso la vida de algunas de ellas por sus condiciones preexistentes de salud”.

En el contexto socioeconómico actual, Locio advirtió que estas acciones forman parte de un avance autoritario que limita las libertades:

“Son acciones muy preocupantes las que está llevando adelante el Gobierno Nacional porque son formas que se caracterizan por un autoritarismo muy marcado... cercenando la libertad de expresión, cercenando la posibilidad de expresarse con ideas distintas al proyecto que lleva adelante el actual Gobierno”.

 

Un mensaje disciplinador y el llamado a la alerta

La funcionaria también señaló que el mensaje detrás de esta judicialización es claro:

“Hay un claro mensaje disciplinador, que lo que intenta es que todas las formas de organización, de militancia y de participación se vean desalentadas... Son intentos que buscan acallar voces, que buscan disciplinar, que buscan silenciar”.

Sin embargo, remarcó la resistencia y el compromiso para seguir luchando:

“Lejos de desanimarnos o de ubicarnos en un lugar de tristeza o de resignación, esto nos moviliza para estar más activas, para estar más presentes...”.

 

Este caso expone la tensión entre el derecho a la protesta y la judicialización del disenso en un marco de creciente autoritarismo, en un contexto electoral donde las fuerzas políticas y judiciales parecen converger para limitar voces críticas. La denuncia de Leticia Locio visibiliza la persecución selectiva contra mujeres y diversidades, y advierte sobre el uso desmedido del sistema penal para contener la oposición política y social.