Este martes 29 de julio, representantes de diversos gremios portuarios y la presidenta del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, Jimena López, se reunieron para analizar las consecuencias del Decreto 37/2025, que elimina la obligatoriedad de contratar serenos de buques en los puertos argentinos. La medida, impulsada por el gobierno nacional, afecta a 800 familias en todo el país, de las cuales 16 pertenecen a Necochea.

La normativa, firmada por la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, genera un fuerte impacto laboral, ya que el sereno de buques es un trabajo privado que garantizaba la seguridad y la protección del medio ambiente en los puertos. A partir de este decreto, los armadores de los barcos ya no tienen la obligación de contratar a los serenos, lo que ha dejado a cientos de trabajadores sin empleo.

Jimena López: "El reclamo debe hacerse a nivel nacional"

Durante la conferencia de prensa, Jimena López explicó que la responsabilidad de esta decisión recae completamente sobre el gobierno nacional. “Este es un decreto firmado por la ministra Patricia Bullrich que suspende la obligatoriedad de contratar serenos. Lamentablemente, lo que está sucediendo con 16 familias de nuestra región es una decisión tomada en otro ámbito, y la solución también debe venir desde allí”, expresó López.

La presidenta del Consorcio insistió en que el reclamo debe canalizarse a nivel nacional: “Es una medida de jurisdicción nacional y, por lo tanto, debe resolverse en ese nivel. La Provincia no puede modificar este decreto. He invitado en varias ocasiones a los gremialistas a dirigirse al Ministerio de Seguridad de la Nación”, destacó.

El impacto de la medida: seguridad y medio ambiente en riesgo

El Decreto 37/2025 no solo afecta a los trabajadores, sino que también compromete la seguridad de los buques y las instalaciones portuarias. Los serenos desempeñaban tareas clave como la vigilancia de los buques, el control de la carga y la prevención de derrames y accidentes ambientales. Sin su presencia, la seguridad de los puertos se ve gravemente afectada.

Darío Olivera, dirigente del Sindicato de Encargados y Apuntadores Marítimos, subrayó que la medida implica un ahorro para los armadores internacionales, pero un riesgo para la seguridad: “Esto no le cuesta un peso al Estado, lo paga el armador extranjero, y representa solo el 0,01% del costo operativo de un buque. El único que gana es el empresario extranjero, que ahorra mil dólares por barco”, explicó Olivera.

La desaparición de un trabajo clave

El sereno de buques desempeñaba funciones de control, vigilancia y prevención de incidentes ambientales a bordo de los buques. El servicio, que siempre estuvo a cargo de las empresas privadas internacionales, era obligatorio, pero ahora se convierte en opcional debido a la nueva normativa. Esto ha provocado la pérdida de empleos para cientos de trabajadores que ahora se ven desplazados, sin que se haya ofrecido una alternativa.

Los sindicatos, como el S.U.S.B. (Serenos Unidos de Servicios de Buques), alertaron que esta medida no solo afecta a los trabajadores, sino que también pone en riesgo el medio ambiente y la seguridad en los puertos. “No estamos defendiendo solo un trabajo, estamos defendiendo un sistema que garantiza vigilancia, control y prevención de derrames y accidentes”, advirtieron desde el gremio.

¿Qué sigue ahora?

El conflicto se extiende a otras localidades portuarias como Mar del Plata y Rosario, donde también se ha generado preocupación por la medida. Los gremios han solicitado al gobierno nacional la reapertura de canales de diálogo para reconsiderar la medida y encontrar alternativas que no perjudiquen a las familias ni comprometan la seguridad portuaria.

En el caso del puerto de Bahía Blanca de modo diferente a lo que sucede acá en Quequén, el gremio SUPA ejerció tal presión que los propios armadores que decidieron darle continuidad a la contratación. 

Jimena López concluyó la conferencia reiterando que el reclamo debe realizarse a nivel nacional. “Hoy, 16 familias en Necochea y 800 en todo el país están sin trabajo por una decisión del gobierno nacional”, enfatizó la funcionaria, dejando en claro que la responsabilidad y la solución a esta crisis corresponde a la jurisdicción nacional.