El PAMI, la obra social más grande del país, quedó envuelta en un nuevo escándalo que pone en evidencia cómo los bolsillos de los jubilados terminan siendo la caja chica del poder. Esta vez, el foco está puesto en la compra de lentes intraoculares para cirugías de cataratas, insumos esenciales para devolver la visión a miles de afiliados, pero facturados al Estado a precios hasta diez veces superiores a los del mercado.

Según lo revelado en el programa ¿Y mañana qué? de TN, hasta julio de 2025 cada oftalmólogo adquiría los lentes directamente a los laboratorios y luego rendía la factura al PAMI. El valor promedio era de $28.000 a $35.000, un precio de mercado que coincidía con los cuatro laboratorios productores.

Pero en agosto, mediante la resolución 1737/2025, el PAMI centralizó la compra mediante una licitación de $80.000 millones por un año, con opción de prórroga. Lo que prometía mayor control y ahorro, según denuncian los profesionales, se convirtió en un escándalo de sobreprecios.

“El mismo lente que comprábamos por $28.000 a $35.000, el PAMI lo estaba pagando entre $150.000 y casi $300.000”, denunciaron más de 500 oftalmólogos en un chat nacional.

Los ejemplos son contundentes:

• Implantec S.A. vendió 100 lentes Acryfold a un médico a $24.800 cada uno; al PAMI le facturaron $162.166.

• Visión Médica S.A. cotizó lentes Eyeol a $28.249; el organismo pagó $279.704 cada uno.

• MSZ presupuestó lentes Auroflex a $32.000 más IVA; PAMI desembolsó $177.939.

Además del impacto económico, la centralización generó retrasos en los envíos, obligando a reprogramar cirugías ya programadas, afectando directamente a los jubilados que esperan recuperar la vista.

Desde el PAMI, en defensa del sistema, afirmaron que el precio incluye lente, doble solución viscoelástica, logística, trazabilidad y provisión continua. Compararon además con otras obras sociales:

“OSDE paga $1.148.000 y la obra social del Poder Judicial $740.000 por la cirugía completa, mientras que nosotros gastamos $565.000”, aseguraron.

Sin embargo, para los oftalmólogos, la diferencia entre lo que pagan los profesionales y lo que paga el Estado sigue siendo obscena, y demuestra que la centralización no mejoró el servicio.

Este nuevo capítulo se suma a otras denuncias sobre irregularidades en la gestión libertaria del PAMI: compras de alimentos, licitaciones de pañales y contratos con empresas vinculadas a funcionarios. Según los especialistas, mientras se recortan medicamentos y jubilaciones, se firman contratos millonarios con sobreprecios que perjudican a los jubilados.

“Es una estafa doble: al erario público y a los abuelos que necesitan recuperar la vista”, concluyen los profesionales.

La denuncia evidencia, una vez más, la “ceguera ética” del gobierno libertario en el manejo de los recursos del Estado y el impacto directo sobre los afiliados del PAMI.