El Senado de la Nación dio un paso histórico al revertir el veto presidencial de Javier Milei y dejar firme la ley de Emergencia en Discapacidad, con 63 votos a favor y 7 en contra. Hacía 22 años que el Congreso no lograba revertir un veto presidencial, lo que convierte la decisión en un hecho sin precedentes en la política argentina.

Durante la sesión, la oposición logró reunir más que los dos tercios necesarios para dejar la norma vigente. “Karina Milei, te invito a que vivas un mes como una persona con discapacidad”, expresó la voz quebrada de una madre frente a los micrófonos del Congreso, reflejando la preocupación y el descontento de cientos de familias que dependen de terapias y pensiones, muchas veces recortadas por la gestión nacional.

El debate en la Cámara Alta buscó atender la arista más crítica de la política oficial. Unión por la Patria aportó 33 de sus 34 senadores, mientras que la UCR acompañó de manera unánime, incluida Carolina Losada. Las fuerzas provinciales respaldaron la emergencia, mientras que los libertarios solo contaron con el apoyo de Carmen Rivero y Francisco Paoltroni.

El escándalo por las coimas en la ANDIS y los cuestionamientos sobre la falta de financiamiento del Ejecutivo consolidaron el apoyo a la ley. Como señaló la senadora Guadalupe Tagliaferri: “La plata sale del sobreprecio y la coima, así que no pregunten cosas que saben cómo se resuelven”.

El santacruceño Antonio Carambia advirtió al Presidente: “Esperemos que el señor Presidente de la Nación la aplique como corresponde y no hagan ningún artilugio legal para no darle solución a tanta gente que está necesitando en diferentes lugares de la Argentina. Si usted no cumple esta ley, soy el primero en presentar un juicio político”.

La ley declara la emergencia hasta diciembre de 2026, con actualizaciones automáticas de prestaciones según el IPC y recomposición retroactiva desde diciembre de 2023. Además, limita los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), estableciendo que cada decreto sea tratado en un máximo de 90 días y prohibiendo decretos de contenido similar durante un año. Martín Lousteau afirmó que la modificación “da un poder excesivo al Presidente”, mientras Camau Espínola remarcó que se trata de “un acto de responsabilidad institucional y democrática frente a una distorsión de la norma”.

La sesión fue un golpe político que expone la fragilidad del gobierno de Milei frente al Congreso y reafirma los derechos de las personas con discapacidad, al tiempo que establece controles sobre la extensión de los DNU, considerados un abuso institucional por la oposición.