Un giro judicial impactante sacudió el caso de Michel “Noa” Suárez, fallecido en diciembre de 2014 en la Comisaría de Quequén. La Sala V del Tribunal de Casación bonaerense revocó la condena por “torturas seguidas de muerte” que pesaba sobre los policías Daniel Allamanla, Fernando Pérez Zenatti y Matías Larrea, y ordenó que se dicte una nueva sentencia por el delito de “vejaciones”, una figura penal menos grave que contempla penas de entre 1 y 5 años de prisión.

El fallo fue dictado por los jueces Ricardo Maidana, Horacio Violini y Andrea Espada, quienes hicieron lugar parcialmente a los recursos de apelación de las defensas. Según la resolución, los hechos no encuadran en la figura de tortura, sino en malos tratos por parte de funcionarios de seguridad.

Tras la decisión, los abogados defensores Juan Pablo Roselló, Alejandro Hortel y Gonzalo Raggio solicitaron la excarcelación de sus clientes, quienes recuperaron la libertad el miércoles 10 de septiembre tras casi dos años detenidos en la Unidad Penal de Batán.

En paralelo, Casación rechazó el recurso de apelación de la agente Yanina Mohana, confirmando su condena por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Mohana no estaba detenida y cumple actualmente la pena impuesta en noviembre de 2023.

Desde NDEN, hablamos con la abogada Rosario Fernández, representante de la familia Suárez, quien se mostró crítica ante la resolución: “La Cámara de Casación cambió la calificación. Estaba con homicidio agravado por haber sido cometido por las fuerzas de seguridad, y ahora lo pusieron en vejaciones. Artículo 144 BIS”.

Fernández agregó con tono contundente sobre el giro del fallo: “En este caso miraron exactamente quiénes son los autores: la policía, entonces libertad… todo es muy suspicaz. Esto es un derecho penal del enemigo, un derecho penal del autor y no de acto”. Además explicó que la Fiscalía acompañó la liberación, lo que limitó las posibilidades de impugnación.

La letrada también recordó que la sentencia de Casación constituye el “doble conforme” que exige la Constitución: primero el tribunal condena, luego la Casación revisa la calificación, y en este caso el cambio de delito de perpetua a vejaciones habilitó la libertad de los policías.

La defensa de la familia Suárez adelantó que se presentará un recurso extraordinario ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense, aunque reconocen que el fallo actual reconfigura la causa y genera un debate sobre la actuación judicial en casos de violencia institucional. A su vez el Colectivo Justicia por Noa Suárez prepara un comunicado y posibles acciones.