La causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) suma nuevos capítulos. Este viernes, el fiscal federal Franco Picardi prorrogó el secreto de sumario hasta el 19 de septiembre y ordenó allanamientos simultáneos en propiedades del exfuncionario Diego Spagnuolo, su colaborador Daniel Garbellini, y de los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker, titulares de la droguería Suizo Argentina.

Durante los procedimientos, que incluyeron domicilios en barrios privados y una caja de seguridad en el Banco BBVA, las autoridades hallaron US$ 80.000 y €2.000 sin declarar, vinculados al patrimonio de Spagnuolo. Para la fiscalía, estos fondos resultan clave para reconstruir el presunto circuito de sobornos en la provisión de medicamentos.

Otra novedad en la causa fue la renuncia de los abogados de Spagnuolo, Juan Aráoz de Lamadrid e Ignacio Rada Schultze, quienes se apartaron manifestando “motivos personales”.

El juez a cargo de los allanamientos es Sebastián Casanello, mientras que el fiscal Picardi lidera la instrucción.

También declaró como testigo el consultor político Fernando Cerimedo, quien confirmó haber mantenido conversaciones con Spagnuolo donde se alude a pagos indebidos en ANDIS.

En los allanamientos se solicitó documentación relevante: correos electrónicos, expedientes sobre compras de medicamentos, registros bancarios y movimientos financieros. También se pidieron datos de visitas, ingresos y egresos en los countries y barrios privados donde residen los implicados, con el fin de trazar flujo de dinero y posibles responsables.

Entre los imputados o señalados en la causa figuran Diego Spagnuolo, Daniel Garbellini, los hermanos Kovalivker, así como Karina Milei, hermana del presidente, y otros dirigentes, por presunta administración fraudulenta, sobornos y violaciones a la Ley de Ética Pública.

Aún no se han formalizado todas las imputaciones. La causa, bajo secreto de sumario, continúa con el análisis de la evidencia recolectada, incluyendo los movimientos financieros y fiscales que podrían definir responsabilidades judiciales concretas.