La Legislatura de la provincia de Buenos Aires aprobó este jueves una ley que prohíbe el uso de celulares y otros dispositivos con pantallas en las escuelas primarias. La medida, que ya había sido avalada por el Senado a principios de este año, fue ratificada en la Cámara de Diputados y se convirtió en norma con alcance provincial.

La iniciativa establece que los alumnos sólo podrán utilizar los dispositivos en el aula cuando sean requeridos por los docentes con fines pedagógicos. Según el texto aprobado, el objetivo es “favorecer la concentración, mejorar la calidad educativa y cuidar a las infancias frente a la exposición temprana a las pantallas”.

El proyecto fue impulsado por el senador provincial Emmanuel González Santalla (Unión por la Patria – La Cámpora) y la senadora Lorena Mandagarán (GEN – UCR Cambio Federal), lo que permitió superar divisiones políticas y alcanzar un consenso amplio en el recinto. “Con esta norma buscamos mejorar la calidad educativa, favorecer la concentración en el aula y cuidar a nuestras infancias frente a la exposición temprana a las pantallas”, expresó González Santalla en redes sociales, aclarando que la ley “no rechaza la tecnología, sino que regula su uso responsable”.

De acuerdo con datos presentados durante el debate, el 54% de los estudiantes reconoce que se distrae en clase por el uso de dispositivos electrónicos. Además, especialistas advierten que la exposición prolongada a pantallas desde edades tempranas afecta la atención, el desarrollo del lenguaje y las habilidades emocionales, y puede incrementar riesgos de aislamiento, ansiedad o problemas de sueño.

La nueva normativa también establece un marco para campañas de prevención y educación digital. Se colocará cartelería en las escuelas con información sobre los riesgos del uso excesivo de pantallas y recomendaciones para un uso saludable. A su vez, se prevén acciones de concientización en centros de salud, guardias pediátricas, consultorios, maternidades y comercios de electrónica.

La prohibición impactará en 1.560.000 alumnos de primaria y beneficiará de manera preventiva a otros 589.000 estudiantes del nivel inicial, según cifras de la Dirección General de Escuelas bonaerense. En total, se implementará en 11.300 establecimientos educativos, entre ellos 7.800 de gestión estatal y 3.500 privados.

Con esta decisión, la provincia de Buenos Aires se convirtió en la cuarta jurisdicción del país en avanzar con este tipo de regulaciones, sumándose a la Ciudad de Buenos Aires, Neuquén y Salta, aunque con particularidades propias.

La normativa refleja una preocupación creciente en torno a la salud integral de niños y niñas y plantea un desafío adicional para la comunidad educativa y las familias: acompañar a las infancias en un uso más equilibrado de la tecnología.