

La ley permite que adultos psíquicamente aptos, en etapa terminal de una enfermedad incurable e irreversible, o que padezcan sufrimientos insoportables, puedan solicitar la eutanasia. El procedimiento debe ser realizado por un profesional de la salud y cumplir con controles médicos y legales estrictos, incluyendo instancias de evaluación previas y la expresión de la voluntad del paciente por escrito.
“El proceso final de la vida con sufrimiento insoportable no es un delito”, afirmó el senador Daniel Borbonet, del Frente Amplio, durante la votación. La iniciativa contó con el respaldo de toda la coalición de izquierda del Frente Amplio, así como de legisladores de los partidos Colorado y Nacional, mientras que sectores conservadores y católicos expresaron su rechazo por razones éticas y religiosas.
El respaldo social también fue notable: según la consultora Cifra, el 62% de los uruguayos estaba a favor de la ley, mientras que solo el 24% se manifestó en contra. Para los impulsores del proyecto, la normativa representa un paso más en la tradición progresista del país, que ya aprobó leyes sobre matrimonio igualitario, aborto y cannabis.
Varios pacientes uruguayos acompañaron la discusión y se convirtieron en referentes del debate. Beatriz Gelós, de 71 años y con más de dos décadas conviviendo con ELA, expresó antes de la votación: “Es una ley de compasión, muy humana, muy bien redactada. Llegó el momento”.
Otro caso es el de Pablo Cánepa, de 39 años, que sufre una enfermedad rara e incurable y que solicitó la eutanasia tras años de intenso sufrimiento. Su madre, Mónica Cánepa, resumió la situación: “Pablo no está viviendo. No es vida esto que tiene”. Su hermano, Eduardo, destacó que la aprobación fue un verdadero alivio para la familia.
Aunque Uruguay es pionero en aprobar la eutanasia por ley, otros países latinoamericanos han avanzado mediante fallos judiciales:
Colombia: despenalizó la eutanasia en 1997 y la legalizó formalmente en 2015. Los pacientes deben tener una enfermedad terminal, considerar que su vida ha dejado de ser digna y manifestar su consentimiento de forma clara. La práctica debe realizarla un profesional autorizado y contar con la supervisión de un comité científico-interdisciplinario. Entre 2015 y 2023 se registraron 692 muertes médicamente asistidas.
Ecuador: despenalizó la eutanasia en 2024 tras el caso de Paola Roldán, paciente con ELA que solicitó asistencia médica para morir debido a sufrimiento intenso. La Corte Constitucional determinó que el procedimiento es constitucional si el paciente decide libre e inequívocamente terminar su vida por una enfermedad grave e incurable.
Perú: permite la eutanasia solo en casos excepcionales, como el de Ana Estrada, quien padecía polimiositis y se convirtió en la primera paciente en acceder a la eutanasia en 2021.
Argentina y Chile: los pacientes terminales pueden rechazar tratamientos que prolonguen artificialmente la vida, sin contemplar eutanasia activa.
México y Cuba: existen figuras de “muerte digna” o limitación del esfuerzo terapéutico, pero sin habilitar asistencia médica directa para morir.
Uruguay se suma a un grupo reducido de países que regulan la eutanasia, entre ellos España, Países Bajos, Bélgica, Canadá, Suiza y Estados Unidos (en algunos estados). En estos países, la práctica incluye requisitos estrictos sobre sufrimiento físico o psíquico, consentimiento informado y supervisión médica.
Por ejemplo, España permite la eutanasia desde 2021 únicamente a personas con enfermedad grave, crónica e incurable que cause “sufrimiento intolerable”. Suiza, pionera en 1942, permite que extranjeros accedan a la eutanasia a través de organizaciones como Dignitas, y Canadá ha regulado la muerte asistida desde 2016, ampliando en 2021 el derecho a quienes sufren dolencias insoportables por enfermedades irreversibles.
La ley uruguaya busca brindar garantías a pacientes y médicos, respetando la voluntad de los adultos que deciden terminar con su sufrimiento, y asegurando procedimientos claros y supervisados. Organizaciones médicas, como el Colegio Médico de Uruguay, colaboraron en el proceso para garantizar la seguridad de la práctica, aunque no emitieron postura institucional sobre su aprobación.
El debate reflejó también la división social: sectores religiosos y conservadores manifestaron preocupación por los riesgos éticos y morales, mientras que defensores del proyecto destacaron que se trata de un avance humano, progresista y legalmente sólido.