El Gobierno de Javier Milei enfrenta un nuevo revés judicial: el Juzgado Federal N° 2 de Catamarca ordenó que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) restablezca todas las pensiones por invalidez laboral por discapacidad que habían sido dadas de baja en el país.

La medida cautelar, inicialmente aplicada solo en Catamarca, fue extendida a nivel nacional y establece un plazo máximo de 24 horas para que ANDIS reintegre las pensiones suspendidas, que superan las 100.000, y abone todos los haberes retenidos.

Además, la resolución judicial obliga a la agencia a abstenerse de continuar con las auditorías previstas en el decreto 843/2024 y a no disponer nuevas suspensiones de pensiones no contributivas por incapacidad laboral hasta que haya una sentencia definitiva.

La acción fue impulsada por el Defensor del Pueblo de Catamarca, junto a diversas asociaciones de personas con discapacidad y organizaciones nacionales como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Azul, A.P.Y.Fa.Di.M. y la Clínica Jurídica en Discapacidad y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata.

El CELS destacó que la sentencia reconoce que las suspensiones afectaron de manera homogénea a miles de titulares y confirmó que se trata de un caso colectivo, extendiendo la protección a todas las personas afectadas sin necesidad de presentarse individualmente.

Paralelamente, este viernes, familiares de personas con discapacidad y prestadores realizaron una protesta en la sede central de ANDIS en Belgrano, Buenos Aires. Reclamaron el cumplimiento de un aumento de aranceles para los prestadores, la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad y expresaron su malestar por la demora en la atención de sus reclamos.

La manifestación incluyó la irrupción por la fuerza a las oficinas de ANDIS luego de reiteradas postergaciones en las reuniones con el interventor Alejandro Alberto Vilches, quien se negó inicialmente a recibir una carta con los reclamos.

Entre los pedidos urgentes están la restitución inmediata de las terapias perdidas, el pago de salarios a prestadores y la garantía de acceso a medicamentos y tratamientos fundamentales para las personas con discapacidad.

En el plano legal, el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, anunció la suspensión de la Ley de Emergencia en Discapacidad hasta que el Congreso defina fondos específicos para su financiamiento. Este decreto fue cuestionado por actores del sector por su inconstitucionalidad y el impacto negativo que tiene sobre los tiempos críticos de tratamiento de las personas afectadas.

El Gobierno, por su parte, resaltó que la discusión sobre el presupuesto para 2026, enviada al Congreso el 15 de septiembre, debe ser el marco para analizar la cobertura financiera de las políticas públicas vinculadas a la discapacidad.