
El complejo concentra diversas instituciones: los dos edificios del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N° 31, un Centro de Formación Profesional, la Escuela de Arte Provincial Orillas del Quequén, el Consejo Escolar, una sede del INTA y un sector destinado a fuerzas policiales, actualmente como depósito de vehículos fuera de uso. La presencia de múltiples entidades en un mismo predio acentúa la necesidad de medidas de protección efectivas para estudiantes y trabajadores.
Los hechos delictivos reportados incluyen robos de motos y bicicletas, intrusiones en aulas y oficinas, y situaciones que ponen en riesgo la integridad del personal y del alumnado, especialmente durante los turnos vespertinos, cuando la zona carece de iluminación.
“Nos encontramos acá para hacernos escuchar. En lo que va del año ya hubo entre 15 y 20 motos y bicicletas sustraídas, y también ingresaron a dependencias del complejo. No podemos estudiar ni trabajar tranquilos”, declaró Bautista Ruiz, presidente del Centro de Estudiantes del Instituto 31. Según detalló, los delincuentes incluso esperan a los auxiliares en la puerta de noche para robarles.
Entre los pedidos más urgentes están la instalación de cámaras de seguridad conectadas al COM, la renovación del alumbrado público y una mayor presencia policial en horarios de ingreso y egreso. Ruiz enfatizó la dificultad que implica para las cooperadoras cubrir estos gastos: “Cada cámara cuesta alrededor de 350 mil pesos y las instituciones no tienen presupuesto para cubrirlas”.

Hasta el momento, ninguna autoridad municipal ni de Jefatura Distrital se comunicó con los organizadores. Algunos concejales prometieron gestionar una comisión de seguridad, aunque aún no hay confirmaciones.
Ante la falta de respuestas, la comunidad educativa ya está organizando una nueva jornada de reclamo para el 5 de noviembre, invitando a estudiantes, docentes, auxiliares y vecinos a sumarse para exigir seguridad efectiva y condiciones dignas de estudio y trabajo. La movilización del jueves dejó en claro que el reclamo trasciende a los estudiantes: busca proteger a todas las instituciones y personas que dependen de la seguridad del predio.