La Asociación Rural de General Madariaga fue sede este jueves 23 de octubre del encuentro mensual de las Sociedades Rurales del Sudeste bonaerense, adheridas a CARBAP, donde productores y dirigentes analizaron la situación hídrica, los caminos rurales, la actualidad de Puerto Quequén y los próximos pasos hacia la identificación electrónica bovina.

Entre los temas más urgentes se destacó la crisis hidráulica que atraviesa la región. Desde la entidad anfitriona se pidió que las autoridades provinciales promuevan estudios técnicos y revisen la administración del paso de aguas, ante la posible existencia de canales clandestinos y desarrollos inmobiliarios en zonas rurales que estarían modificando el escurrimiento natural.

El vicepresidente de la Asociación Rural de Madariaga, Ezequiel Guerrero, alertó sobre campos inundados en contraste con las lagunas Los Horcones y Salada Grande, que presentan niveles muy por debajo de su cota natural. Esta situación, señalaron, afecta la producción agropecuaria y la transitabilidad en caminos rurales.

En ese punto, las entidades remarcaron las diferencias entre distritos: mientras algunos municipios mantienen tasas viales razonables y una gestión activa del mantenimiento, otros exhiben desidia que dificulta la circulación, el trabajo productivo y la vida social rural.

El encuentro también incluyó un análisis sobre la situación de Puerto Quequén, donde el presidente de la Sociedad Rural de San Cayetano, Sergio Melgarejo, representante de CARBAP en el directorio de Terminal Quequén, expresó preocupación por la falta de definición en la nueva licitación de la concesión del elevador principal, cuya prórroga vence en noviembre.

La incertidumbre en torno a la continuidad del servicio podría demorar inversiones y afectar las operaciones de carga de buques, por las que anualmente se exportan entre 2,5 y 3 millones de toneladas de granos. Además, se mencionó que, con la renovación del Concejo Deliberante de Necochea prevista para el próximo año, podría revisarse la Tasa Portuaria, que actualmente no se estaría aplicando de manera efectiva.

Finalmente, los representantes rurales abordaron la inminente implementación de la Identificación Electrónica Bovina, que será obligatoria desde enero de 2026. Cada animal nacido deberá incorporar un chip con información sanitaria y productiva, medida que busca fortalecer la trazabilidad del rodeo y la carne argentina.

Las entidades acordaron promover capacitaciones y acompañamiento a los productores, dado que el nuevo sistema implicará adaptar las formas de registro en los Documentos de Tránsito Electrónico (DTE) y en las ferias ganaderas.

Del encuentro participaron representantes de las rurales de Necochea, Lobería, Balcarce, Tandil, San Cayetano, Mar del Plata, Rauch, General Alvarado, Benito Juárez, Ayacucho, Mar Chiquita, General Lavalle, Maipú, González Chaves y General Guido, quienes coincidieron en la necesidad de mantener una agenda común frente a los desafíos productivos, ambientales y logísticos del Sudeste bonaerense.