El presidente Javier Milei prepara una avanzada sobre la legislación laboral argentina. Tras el resultado electoral del último domingo, el gobierno anunció que enviará al Congreso un nuevo proyecto de ley que busca “modernizar” las normas del trabajo, bajo el título Ley de Promoción de Inversiones y Empleo.

El texto, presentado por la diputada libertaria Romina Diez, reproduce buena parte del capítulo laboral del DNU 70/23, actualmente suspendido por la Justicia. Su contenido reaviva el debate sobre la flexibilización de los derechos laborales y el rol de los sindicatos frente a una ofensiva impulsada por el Ejecutivo con respaldo del capital financiero y los grandes grupos empresarios.

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Una reforma con sello liberal

El proyecto propone una amplia modificación de la Ley de Contrato de Trabajo y de los Convenios Colectivos, apuntando a “reducir costos y promover el empleo formal”. Sin embargo, para especialistas y dirigentes sindicales, el verdadero objetivo es abaratar despidos, debilitar la negociación colectiva y ampliar el poder patronal.

Entre las principales modificaciones, se incluyen:

• Jornadas de hasta 12 horas diarias, reemplazando el límite de 8 horas vigente.

• Vacaciones fraccionadas, que podrán dividirse en períodos menores según las necesidades empresariales.

• Indemnizaciones en hasta 12 cuotas mensuales para pequeñas y medianas empresas.

• Banco de horas y eliminación del pago adicional por horas extra.

• Salarios en especie, que permiten sustituir parte del sueldo por vales de comida o beneficios no remunerativos.

• Beneficios fiscales a empresas que contraten personal durante los primeros meses de vigencia de la ley.

Según la diputada Diez —economista formada en la Fundación Libertad, cercana al pensamiento del libre mercado—, la iniciativa busca “actualizar la relación entre empleadores y empleados” y atraer inversiones. No obstante, para juristas y sindicalistas, se trata de una reedición de las recetas neoliberales de los años ’90.

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“Un ataque al corazón del derecho laboral”

El abogado laboralista Matías Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, advirtió que el proyecto “no tiene ningún beneficio para los trabajadores” y que “pretende destruir la barrera que representan las leyes laborales y el movimiento obrero al avance del capital financiero”.

Además, señaló que es una falacia afirmar que una reforma de este tipo mejore la economía:

“La dinámica económica depende de la política económica general, no de las leyes laborales. Hoy el cierre de empresas, la caída del consumo y la apertura indiscriminada de importaciones ya atentan contra el empleo”, sostuvo.

Cremonte también recordó que los gobiernos liberales históricamente acompañan estas reformas con campañas de estigmatización contra los sindicatos, abogados laboralistas y el fuero laboral. “Así lo hicieron la dictadura, el menemismo, la Alianza y el macrismo. Todos intentaron desarmar la protección jurídica de los trabajadores”, subrayó.

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La respuesta de la CGT y los gremios

Desde la Confederación General del Trabajo (CGT) ya expresaron su rechazo. Héctor Daer, dirigente de Sanidad y miembro del triunvirato que conduce la central obrera, advirtió que la organización tiene un “menú táctico” para enfrentar la avanzada oficialista:

“Primero la acción política, luego la judicial y, si es necesario, paros y movilizaciones. Si es para retroceder, no vamos a negociar”.

En la misma línea, el secretario adjunto del SMATA, Mario “Paco” Manrique, alertó que “todas las reformas laborales se plantearon en épocas de crisis, cuando lo único que se busca es abaratar despidos”. Según el dirigente, el triunfo electoral de Milei “acelera un plan diseñado antes de las elecciones que apunta a debilitar los derechos laborales”.

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El rol del Gobierno y la estrategia parlamentaria

El Ejecutivo apuesta a debatir el proyecto en el nuevo período de sesiones extraordinarias, una vez renovadas las cámaras legislativas. El secretario de Trabajo, Julio Cordero, exabogado del Grupo Techint y autor del capítulo laboral del DNU 70/23, confirmó que la reforma será la antesala de una reforma tributaria más amplia.

Milei sostiene que “no habrá pérdida de derechos”, pero en los hechos el proyecto reduce la capacidad de negociación sindical, amplía la jornada laboral y fragmenta derechos históricos conquistados por los trabajadores.

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Un déjà vu del neoliberalismo

Desde la dictadura militar hasta los años 90, pasando por la llamada “ley Banelco” y los intentos de Mauricio Macri, cada gobierno de corte liberal intentó avanzar sobre la legislación laboral en nombre de la “modernización”. En todos los casos, el resultado fue el mismo: precarización del empleo y aumento de la desigualdad.

La reforma que ahora impulsa Milei —bajo el lema de la libertad económica— reproduce esa lógica. Para Cremonte, se trata de “una nueva ofensiva para institucionalizar la precarización laboral bajo el discurso de la libertad patronal”.

Mientras tanto, las cúpulas de la CGT y las CTA enfrentan el dilema de recuperar la iniciativa o quedar nuevamente en silencio ante un cambio estructural que amenaza con redefinir el mundo del trabajo en la Argentina.