El viernes por la noche, un adolescente de 16 años murió apuñalado frente al Casino, en la intersección de la avenida 2 y 91, un lugar históricamente conflictivo. No fue un hecho aislado: picadas, corridas, peleas y consumo de drogas son habituales allí, pero la tragedia se convirtió en noticia porque esta vez nadie pudo intervenir a tiempo.

La ausencia del Estado es brutal. La policía, que debería proteger a la ciudadanía, brilló por su invisibilidad en una noche que se sabía de riesgo: un desfile juvenil en Halloween, concentración de adolescentes en un escenario ya identificado como problemático. Las intervenciones fueron esporádicas, superficiales y muchas veces solo para la foto, mientras el playón frente al Casino se transformaba en territorio liberado. La justicia, por su parte, llega tarde. Y las políticas municipales de prevención brillan por su ausencia.

El asesinato no puede explicarse como un enfrentamiento adolescente cualquiera. Es la consecuencia directa de la falta de presencia, prevención y planificación del Estado, combinado con la desconexión de la política local de la vida real de los vecinos. La gestión de Nueva Necochea, que quedó tercera en las últimas elecciones, refleja este alejamiento: más preocupada por redes, spots y marketing que por acciones concretas en las calles.

No se trata solo de seguridad. Es una falla estructural del Estado en su conjunto: instituciones educativas, clubes, programas de juventud, familias y vecinos deberían articularse para contener a los adolescentes, ofrecer espacios seguros y enseñar que la violencia no puede normalizarse. Pero muchos de estos dispositivos no funcionan, son insuficientes o llegan tarde.

En ese vacío, el narcotráfico encuentra terreno fértil. Para muchos jóvenes, es más accesible conseguir droga o una moto que un futuro educativo o laboral. No necesitamos que sea el eje de la nota para entender su influencia: cuando el Estado abandona, otros ocupan el lugar que debería cumplir la política pública y la comunidad organizada.

El problema tampoco es de clase: atraviesa escuelas públicas y privadas, hijos de trabajadores precarizados, profesionales, estudiantes de barrios humildes y sectores medios. La violencia y el desprecio por la vida se alimentan de la ausencia de autoridad, de contención y de espacios de pertenencia. Cada vez que un chico muere, la responsabilidad recae en todos los que tienen el deber de prevenir, actuar y cuidar, desde la gestión municipal hasta los organismos de seguridad, pasando por instituciones educativas y organizaciones barriales.

Este asesinato no es un hecho aislado. Es un símbolo de lo que sucede cuando el Estado y la comunidad se retiran. Nos recuerda que sin presencia, sin políticas claras y sin compromiso real, las calles se convierten en espacios de riesgo. Que un adolescente de 16 años muera no es solo un drama personal: es un fracaso colectivo.

Necochea necesita urgentemente que la política deje de lado la imagen y recupere la acción. Que el Estado ejerza su rol central: prevenir, proteger y contener. Que la policía esté donde debe, que las instituciones acompañen, que las familias participen. Porque cada día sin intervención es un riesgo para otro adolescente. Y mientras eso no ocurra, la violencia seguirá reclamando vidas que podrían haberse salvado.