El Observatorio Social de Niñeces y Adolescencias presentó su primer informe sobre la situación de niñas, niños y adolescentes en la provincia de Buenos Aires, durante un encuentro realizado en la sede del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad en La Plata. La jornada contó con la participación de la directora ejecutiva del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia (OPNyA), Andrea Cáceres, oriunda de Necochea, junto al ministro Andrés Larroque.

El documento expone un diagnóstico actualizado sobre problemáticas que atraviesan las infancias y adolescencias en el territorio bonaerense, y recopila el trabajo articulado que se desarrolla entre organismos estatales, instituciones y organizaciones sociales.

En su intervención, Larroque destacó el rol de las políticas públicas orientadas a la promoción y protección de derechos. “¿Qué futuro podemos tener si no cuidamos a nuestra niñez?”, sostuvo, al subrayar la importancia del Observatorio como herramienta para producir información y orientar decisiones.

Cáceres remarcó que el espacio permite “mirarse, reconocer lo que falta y asumir la responsabilidad de las deudas con las y los pibes”, y señaló la necesidad de trabajar colectivamente para fortalecer los ámbitos donde se desarrollan niñas, niños y adolescentes. En esa línea, subrayó la importancia de “construir de forma comunitaria los mejores entornos para el crecimiento con derechos”.

El informe presentado reconoce avances recientes impulsados desde el OPNyA, como la Ley de Buen Trato, el nuevo estatuto laboral, el Programa Entramados y el fortalecimiento del Sistema de Promoción y Protección. Además, durante la jornada se destacó el alcance de las capacitaciones en la Ley de Promoción del Buen Trato, que ya alcanzaron a más de 6.000 personas en 63 municipios, entre Servicios Locales y Zonales, Hogares Convivenciales, Casas de Abrigo, Centros de Referencia y escuelas.

El Observatorio también propuso líneas estratégicas de trabajo para los próximos meses, orientadas a consolidar la producción de datos propios, ampliar la participación de niñas, niños y adolescentes en ámbitos de decisión y avanzar en un protocolo de intervención conjunta entre Municipios y Policía.