A pocas horas de que el Concejo Deliberante de Necochea apruebe la subasta del histórico Casino, vecinos y especialistas presentaron un pedido formal al Ejecutivo municipal solicitando acceso completo al expediente y a la documentación ambiental del proyecto, y reclamando que se abstengan de aprobar la ordenanza hasta cumplir con todos los procedimientos legales y de participación ciudadana.

La solicitud, firmada por María Susana Laborde y Nerio Bognani, exige el Informe Ambiental Regional (IAR), previsto por la Resolución OPDS 470/18 y el procedimiento IPAR-CUS, que permite evaluar los impactos ambientales de incidencia regional derivados de un cambio de uso del suelo. A diferencia del Estudio de Impacto Ambiental, el IAR analiza los efectos acumulativos y sinérgicos sobre el territorio, asegurando que las decisiones municipales respeten la sustentabilidad ambiental.

Los ciudadanos destacan que el Casino está declarado Patrimonio Cultural y Ambiental, Categoría A, según la Ordenanza 7106/2010, lo que convierte al inmueble en un edificio de valor excepcional, insustituible por sus atributos históricos, artísticos, paisajísticos y simbólicos. Esta categoría exige que cualquier acto de disposición cumpla con instancias previas de información y consulta ciudadana, así como la intervención de la Comisión de Preservación del Patrimonio Cultural y Ambiental cuando corresponda.

Se solicita también información detallada sobre el destino de los fondos de la subasta, incluyendo obras críticas como la planta de tratamiento de efluentes cloacales y la nueva conducción hacia el mar, cuya falta podría generar impactos graves para la ciudadanía y las generaciones futuras.

La presentación fundamenta su pedido en marcos legales nacionales, provinciales e internacionales, incluyendo la Constitución Nacional (art. 41), la Constitución de la Provincia de Buenos Aires (art. 28), la Ley General del Ambiente 25.675, la Ley de Acceso a la Información Pública Ambiental 25.831, la Ley provincial 11.723, el Decreto 8912/77 y el Acuerdo de Escazú, que garantizan el derecho a un ambiente sano, participación ciudadana y acceso a la información pública ambiental.

Los ciudadanos advierten que avanzar con la subasta sin cumplir estas obligaciones podría derivar en reclamos judiciales y denuncias penales contra los funcionarios responsables. También solicitan que se activen los mecanismos de control previstos en la legislación vigente para prevenir daños ambientales y patrimoniales.

La decisión sobre la subasta del Casino recae ahora en el Concejo Deliberante y el Ejecutivo municipal. Vecinos y especialistas sostienen que transparencia, cuidado patrimonial y responsabilidad ambiental son requisitos ineludibles antes de disponer de uno de los edificios más emblemáticos de Necochea, cuya preservación trasciende lo arquitectónico y se vincula directamente con la calidad de vida de la comunidad.