
La investigación fue impulsada por el Ministerio Público Fiscal bonaerense bajo la conducción del procurador general Julio Conte-Grand, con coordinación del Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming, dependiente de la Secretaría de Política Criminal. El despliegue involucró a fiscales especializados de casi todos los departamentos judiciales de la provincia, entre ellos el de Necochea, encabezado por los fiscales Marcos Bendersky y Walter Hugo Pierrestegui.
Los operativos estuvieron dirigidos a desarticular redes vinculadas a la producción, distribución y tenencia de material de abuso sexual infantil, además de casos de grooming, delitos enmarcados en los artículos 128 y 131 del Código Penal Argentino. Entre las 112 personas investigadas se registraron 103 hombres y 9 mujeres, además de tres menores de 16 años que compartían material ilegal. Los rangos etarios van desde los 13 hasta los 62 años, y al menos cuatro de las personas investigadas trabajan en contacto con niñas, niños y adolescentes, mientras que dos pertenecen a fuerzas de seguridad.

Uno de los datos más relevantes fue la detección de 40 menores convivientes en los domicilios allanados, situación que incrementa la alerta sobre el riesgo y la exposición dentro de entornos familiares. Además, se allanaron tres unidades carcelarias, donde personas privadas de la libertad continuaban delinquiendo mediante medios digitales, con la utilización de inteligencia artificial para crear material de abuso sexual infantil (MASI).
En cuanto a los elementos secuestrados, el operativo dejó un amplio volumen de prueba digital:
81 computadoras
211 teléfonos celulares
191 dispositivos de almacenamiento
1 arma de fuego
32 triage forenses digitales realizados en el lugar
La intervención demandó un fuerte despliegue interinstitucional, con participación de la Policía Bonaerense, la Policía Federal Argentina, la Policía de la Ciudad, la Prefectura Naval y unidades especializadas en cibercrimen de distintas regiones. También intervinieron fuerzas técnicas de investigaciones digitales, unidades operativas federales y divisiones de delitos informáticos de múltiples ciudades, incluida Necochea.
La operación constituye la sexta edición de este tipo de acciones coordinadas en territorio bonaerense y forma parte de una política criminal enfocada en combatir el crecimiento de los delitos sexuales contra las infancias en entornos digitales, un fenómeno que se profundiza con el uso de nuevas tecnologías y plataformas de intercambio.
Desde una perspectiva local, la inclusión de Necochea en el operativo reafirma la importancia del trabajo conjunto entre fiscalías, fuerzas de seguridad y equipos especializados para enfrentar delitos complejos que exceden fronteras físicas y requieren abordajes coordinados y de alta especialización. A su vez incrementa las alarmas del peligro en el que se encuentran nuestras infancias y adolescencias.