
López, quien hasta hace apenas días ocupó la presidencia del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, retomó así su rol legislativo en la Cámara de Diputados. Su paso reciente por la conducción portuaria marcó un perfil orientado a la logística, la producción y el desarrollo regional, áreas que la propia diputada ha señalado como ejes de trabajo para su nueva etapa parlamentaria.
Tras la jura, López publicó un mensaje en sus redes sociales dirigido especialmente al distrito: “Juré como Diputada Nacional. Asumo la responsabilidad de poner en el centro de la agenda legislativa a las y los bonaerenses, a mi Necolinda y a todo el distrito. Gracias a los que depositaron su voto y su esperanza en nosotros. Gracias @SergioMassa por confiar una vez más en mí”, expresó.
El acto de jura dio inicio al nuevo ciclo legislativo, que se extenderá durante los próximos dos años. En este marco, la Cámara de Diputados avanza en la definición de sus autoridades. Todo indica que Martín Menem será reelegido como presidente, aunque no contará con el apoyo pleno de todos los bloques, en un escenario político atravesado por negociaciones y tensiones entre fuerzas.
En paralelo, el recambio legislativo reconfigura la representación política a nivel nacional y sus vínculos territoriales. Para Necochea y Quequén, el retorno de López al Congreso implica la continuidad de una voz local con experiencia reciente en gestión pública y en sectores estratégicos como el sistema portuario, uno de los motores económicos de la región.

La diputada llega a esta nueva etapa con una agenda enfocada en puertos, producción, logística, niñez y políticas sociales, temas que ya integraron su trabajo parlamentario previo y su gestión en Puerto Quequén. La expectativa política local se concentra en cómo esa mirada territorial incidirá en los debates nacionales sobre federalismo fiscal, infraestructura, desarrollo productivo y articulación con las provincias.
Con la jura ya concretada, López inicia formalmente su segundo mandato, mientras la Cámara de Diputados se dispone a definir autoridades y prioridades en un contexto legislativo que anticipa negociaciones complejas y discusiones clave para 2026.