
La presentación —fechada el 3 de diciembre— sostiene que la renuncia de López generó “una situación real y material de acefalía” que, según los directores, “impide el normal funcionamiento del Consorcio en general y del Directorio en particular”. El documento señala además que la ex presidenta “no se encuentra presente en la sede del Consorcio, se ha apartado de sus cargos a partir de su renuncia y no ha manifestado intención de regresar a los mismos”.
Como fundamento jurídico, los firmantes citan el Reglamento Interno del Ente, que —afirman— habilita a sesionar sin convocatoria presidencial en casos excepcionales. En ese sentido, la nota indica que, ante la acefalía, el Directorio “deberá auto-convocarse a reunión especial para designar entre sus miembros [...] a un Director que ejercerá interinamente la Presidencia”.

En el gobierno bonaerense la maniobra generó preocupación. Desde el Ejecutivo recordaron que la Ley Provincial de Actividades Portuarias establece que la designación de la Presidencia del Consorcio es “una facultad indelegable del Poder Ejecutivo provincial”, y advirtieron que el Directorio “no puede sustituir la representación del Estado”.
Frente a la convocatoria, fuentes provinciales señalaron que una sesión realizada sin la autoridad correspondiente “carece de validez jurídica”, y que cualquier decisión adoptada en ese marco sería “nula de pleno derecho”. También indicaron que podría derivar en actuaciones administrativas o judiciales si se considera que hubo un apartamiento del marco normativo.
La Provincia analiza la situación como un tema de prioridad institucional, ante la posibilidad de que se comprometa la gobernabilidad del Ente.
Actores portuarios y técnicos manifestaron su inquietud por el impacto operativo y jurídico que podría generar una decisión tomada fuera del mecanismo habitual, especialmente en un puerto clave para la logística agroexportadora nacional. No se descarta que la Provincia evalúe herramientas excepcionales previstas en la ley, incluida una intervención si la situación escalara.
En el plano local, la Asamblea por la Soberanía de Puerto Quequén expresó críticas al procedimiento. Su referente, Mario Dahul, sostuvo que una autoconvocatoria para designar autoridades no estaría contemplada para este tipo de situaciones y que la iniciativa carecería de sustento interno. Afirmó que la maniobra configuraría “un intento de avanzar sobre una competencia que corresponde exclusivamente a la Provincia”, y advirtió sobre los efectos que decisiones institucionales de esta magnitud pueden tener sobre concesiones y procesos económicos de largo plazo.
Dahul también señaló que la revisión de concesiones y los intereses en disputa en torno al sistema exportador elevan la tensión política alrededor del Consorcio, considerando que una decisión fuera del marco normativo “puede comprometer a la Provincia durante décadas en materia contractual y económica”.

El Directorio del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén está integrado por ocho representantes de sectores públicos, productivos, empresariales y gremiales:
1. Mario Goicoechea
Representante del Centro de Navegación.
2. Juan Carlos Peralta
Representante de la Municipalidad de Necochea. Secretario general de URGARA.
3. Mariano Daniel Carrillo
Representante de UATRE. Esposo de la ex diputada provincial Natalia Sánchez Jauregui. Quien se define como "asesora" del gobierno provincial aunque hace tiempo que no se le conoce actividad.
4. Luis Gustavo Gavilán
Representante del Sindicato de Dragado y Balizamiento. Integra también la CGT y FEMPINRA.
5. Alejandro Pedro Gallego
Representante de CIARA (sector aceitero y agroexportador).
6. Juan Arnoldo Ouwerkerk
Representante de CONINAGRO, presidente de la Cooperativa Alfa de Tres Arroyos.
7. Daniel Arce
Representante de la Cámara de Permisionarios y Concesionarios. Director Ejecutivo de Terminal Quequén S.A.
8. Edgardo Felipe Mancino
Representante de la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas Necochea–Quequén. Titular de ServiPort.