El Concejo Deliberante aprobó por amplia mayoría el Presupuesto de Recursos y Gastos 2026, la principal herramienta de planificación del gobierno municipal que encabeza el intendente Arturo Rojas.

El proyecto obtuvo 15 votos afirmativos, mientras que el bloque de La Libertad Avanza fue el único que lo rechazó en forma unificada, con 5 votos negativos. El cálculo aprobado asciende a $103.000.000.000 y garantiza la continuidad de la gestión del Ejecutivo para el próximo ejercicio.

Votaron a favor los bloques de Nueva Necochea, UCR, Avanza Necochea, ACT, Fuerza Patria, Fuerza Patria MDF y PRO, en una sesión atravesada por fuertes críticas políticas, técnicas y sociales.

Defensa del oficialismo

La presentación del Presupuesto 2026 estuvo a cargo de Silvina Jensen, quien sostuvo que el proyecto “está organizado por programas, como desde que inició la gestión, racionaliza los recursos y marca eficiencia y transparencia”.

“Es una herramienta cierta, concreta y austera, con prioridades claras, priorizando servicios esenciales y políticas públicas concretas”, afirmó, y remarcó que las obras previstas “son las que solicitaron los vecinos”.

A su turno, Juan Pablo De la Hera señaló que el tratamiento del presupuesto “no es una mera formalidad, sino el principal instrumento de planificación”, aunque reconoció que durante el ejercicio 2025 se verificaron inconsistencias entre lo presupuestado y lo ejecutado.

En ese marco, planteó la necesidad de “dejar de invertir en marketing para invertir en las personas” y puso el foco en la deuda flotante, que asciende a $6.492 millones, producto de obligaciones arrastradas de ejercicios anteriores.
“Esto nos va a generar una presión importante durante este año y el próximo, más allá de que se paguen cerca de $6.000 millones”, advirtió.

La tasa portuaria y la deuda, en el centro del debate

Uno de los ejes más controvertidos fue la tasa portuaria, incluida en el cálculo de recursos. Desde sectores opositores se cuestionó su legalidad y se planteó que, al haber sido rechazada judicialmente en instancias previas, debería incorporarse en un anexo separado.

En su primera sesión como concejal, Tabárez defendió la inclusión del gravamen y sostuvo que “este presupuesto se arma en el escenario que la realidad impone”.
Aseguró que la actual administración “no renuncia ni retrocede en la factibilidad del cobro de la tasa” y afirmó que “son los vecinos de Quequén quienes hoy subsidian la actividad portuaria”.

Además, destacó que, pese a las desconfianzas de la oposición, el municipio obtuvo 100 puntos en transparencia fiscal, aclarando que esa medición refiere al acceso público a la información presupuestaria.

Gasto político y estructura del Estado

Desde distintos bloques se cuestionó con dureza el tamaño de la estructura política. Betiana Pustilnik advirtió que la transparencia fiscal “no mide la calidad de la gestión, sino únicamente que los números estén publicados”.

Detalló que existen 51 directores, de los cuales 27 son cargos políticos, y sostuvo que esa estructura “perfectamente podría haberse reducido como un gesto”. También cuestionó que partidas como publicidad oficial, estimadas en $200 millones, no hayan sido recortadas.

En la misma línea, Almada afirmó que el presupuesto “no es austero” y que mantiene una sobredimensión de la planta política, sin señales claras de ajuste por parte del Ejecutivo.
“Se pide déficit cero, pero tirando por la borda toda política pública social”, sostuvo, y remarcó que la recolección de residuos “se lleva casi la mitad de lo que se destina a salud”.

También cuestionó la falta de reconocimiento salarial a profesionales de la salud con residencia completa y afirmó que “es un presupuesto malísimo que será evaluado por la población cuando llegue el momento de votar”.

Críticas sociales, género y salud

Otro de los puntos más sensibles del debate fue la reducción de partidas sociales. Silvia Blanco de Fuerza Patria advirtió que los fondos destinados al acompañamiento a mujeres se reducen en términos reales cerca de un 40%, al igual que los bienes de uso en salud.

También se puso en discusión la situación de los jardines maternales, donde el presupuesto plantea sostener matrícula e inversión, pese al cierre de una sala durante el último período.

Desde sectores opositores se cuestionó la falta de incremento en áreas vinculadas a seguridad, control urbano y políticas de género, señalando que no hay aumentos en cámaras de monitoreo ni en personal afectado al control en la vía pública.

Análisis técnico y cuestionamientos de fondo

El concejal Zubillaga realizó uno de los análisis más técnicos del presupuesto y advirtió que el proyecto “no contempla la inflación, carece de información y presenta serias inconsistencias”.
“Al no tener datos, tenemos que especular”, sostuvo.

Detalló que en bienes de consumo se proyecta gastar, en términos reales, un 48% menos, mientras que aumentan los gastos en personal y servicios tercerizados.
Alertó además sobre fuertes incrementos en áreas como Legal y Técnica, con subas superiores al 80% en personal y más del 100% en servicios no personales, lo que anticipa procesos de tercerización.

También expresó preocupación por la deuda con Relisa, estimada en unos $900 millones, sumada al ajuste por tasa pasiva del Banco Nación.

Postura del PRO y La Libertad Avanza

Desde el PRO, Eugenia Vallota analizó el presupuesto a la luz del resultado electoral y sostuvo que esperaba una autocrítica del Ejecutivo.
Indicó que el gasto crece un 30%, pero “solo para sostener la administración pública, el personal y la política”.

Detalló que existen 96 cargos políticos, con un costo anual de $3.800 millones, y que una reducción del 30% o 50% permitiría liberar entre $1.200 y $2.000 millones para otras áreas.
También cuestionó el acuerdo con Relisa y la continuidad de la quema de residuos a cielo abierto, pese a anuncios previos sobre la puesta en marcha de la planta de tratamiento.

Desde La Libertad Avanza, Caballero sostuvo que se trata de “un modelo de continuidad que no ha receptado el voto popular”, y afirmó que la fuerza libertaria duplicó al oficialismo en las últimas elecciones.
Planteó dos modelos de gestión contrapuestos: “un Estado más chico, ordenado y eficiente, y otro grande, caro e ineficiente”.

Enumeró falencias estructurales en infraestructura, saneamiento, ambiente y control urbano, y rechazó de plano la tasa portuaria, a la que calificó como un impuesto improcedente.

 

Pese al extenso y duro debate, el oficialismo logró aprobar el Presupuesto 2026 y garantizar la gobernabilidad del Ejecutivo. Sin embargo, las críticas expuestas anticipan un año legislativo atravesado por tensiones políticas, con la ejecución del gasto de 2025, el cobro de la tasa portuaria y el impacto en áreas sensibles como los principales ejes de discusión.