
La combinación de canon fijo en sectores clave, estacionamiento medido, presencia de cuidacoches, falta de espacios libres, accesos restringidos y reclamos por inseguridad alimenta una sensación cada vez más extendida: el espacio público se achica y se privatiza, mientras el costo de disfrutar la playa aumenta.
En distintos puntos del frente costero, especialmente en zonas cercanas a Sunset, South y El Caño, se implementó un sistema de estacionamiento con canon fijo de $10.000, sin distinción entre estadías breves o de todo el día.
El esquema genera fuertes críticas porque, según relatan usuarios, no se entrega ticket fiscal, no hay seguro, sombra, iluminación garantizada ni ninguna contraprestación concreta que justifique el monto cobrado.

Estos espacios, que en temporadas anteriores eran explotados por asociaciones civiles, pasaron esta temporada a manos de concesionarios privados, tras una decisión del Ejecutivo municipal avalada por el Concejo Deliberante, sin un tratamiento ni debate público visible.
Uno de los puntos que más malestar genera es la zona del cartel icónico de Necochea, una de las postales más fotografiadas de la ciudad. Ese sector quedó vallado con postes y alambres, lo que vuelve casi una odisea algo tan simple como sacarse una foto.

Más allá del impacto simbólico, la situación despierta preocupación en términos de seguridad: los accesos quedaron estrechos y con circulación en una sola mano, lo que podría dificultar seriamente una evacuación o la intervención de servicios de emergencia ante cualquier eventualidad.
A este escenario se suma el estacionamiento medido, que funciona todos los días de 11 a 23 horas, incluso en plena temporada alta.
El área alcanzada comprende:
el sector delimitado por avenidas 2 y 10, entre calles 79 y 89;
y el tramo de avenida 2 desde calle 93 hasta 71, abarcando el principal corredor costero.
La tarifa es de $400 por hora, con opciones de paquetes por estadía. Sin embargo, las quejas por el funcionamiento de la aplicación son constantes: se tilda, no permite cargar crédito o directamente no deja completar la operación, exponiendo a los usuarios a multas o conflictos pese a haber intentado pagar.
En los escasos sectores céntricos o relativamente cercanos a la playa que aún permanecen libres, la presencia de cuidacoches se volvió habitual. Mientras algunos realizan su tarea de manera responsable, otros adoptan actitudes extorsivas, generando temor a represalias.

Por miedo a daños en el vehículo, muchos automovilistas terminan entregando dinero aun cuando no exista un servicio formal. Esto ocurre, por ejemplo, en la explanada frente al balneario Egeón y la zona de Terrazas, donde el Municipio no cedió formalmente el espacio a nadie, pero igualmente operan cuidacoches.
En sectores como Lago de los Cisnes, el estacionamiento libre es casi inexistente y se trata de una zona donde se registraron robos mediante rotura de cristales.

Días atrás, el concesionario del área recomendó a los visitantes guardar el auto en el estacionamiento de la Asociación Civil Amigos del Lago, argumentando razones de seguridad. La sugerencia generó rechazo y polémica, ya que se trata de un espacio turístico que debería contar con custodia de las fuerzas de seguridad, más aún en el marco del Operativo Sol.
En las zonas más al sur del frente costero, el escenario es distinto. Aunque en muchos tramos el estacionamiento sigue siendo libre, la experiencia está atravesada por la presencia de cuidacoches informales y por sectores donde la inseguridad aparece de manera aleatoria. A esto se suma la falta de accesibilidad y de infraestructura pública, como bajadas claramente señalizadas, baños, iluminación adecuada y servicios básicos.
En Quequén, la situación no mejora. A la escasez de espacios se suma la vigencia de una ordenanza municipal que prohíbe estacionar durante la temporada en la avenida 502 y las calles pares.
Hacia el interior de la localidad, la inseguridad es una preocupación recurrente, lo que desalienta dejar el auto lejos del sector costero y reduce aún más las opciones disponibles.
El conflicto del estacionamiento expone un debate de fondo: la privatización progresiva del espacio público. Para acceder a la playa, estacionar, circular o permanecer en determinados sectores, casi todo parece tener un costo.
A esto se suma otro reclamo que se repite temporada tras temporada: muchas concesiones no cumplirían plenamente con lo establecido en sus contratos, que incluyen:
bajadas públicas accesibles,
baños públicos,
sillas anfibias,
servicios de primeros auxilios.
Mientras tanto, los beneficios se concentran en pocos actores, y la mayoría de los vecinos y turistas enfrenta más restricciones, más gastos y menos servicios.
En plena temporada alta, la discusión vuelve a instalarse con fuerza: cómo garantizar el acceso equitativo al espacio público, la seguridad y la convivencia, sin que ir a la playa se convierta en una sucesión de costos, obstáculos y conflictos.
El estacionamiento dejó de ser un detalle logístico y pasó a ser un símbolo de un modelo que, para muchos, excluye más de lo que integra.