El juez federal Sebastián Casanello dispuso el fin de la intervención de la Obra Social del Personal Rural y Estibadores (Osprera) y ordenó la restitución de su directorio legítimo, devolviendo la conducción a la UATRE, encabezada por José Voytenco.

La resolución judicial pone punto final a más de 15 meses de intervención impulsada por el Gobierno nacional a través de la Superintendencia de Servicios de Salud, en una de las obras sociales más grandes del país, que administra una caja multimillonaria y brinda cobertura a trabajadores rurales y estibadores.

Según se desprende del fallo, Casanello consideró que los objetivos que motivaron la intervención se encuentran cumplidos y que no existen avances sustanciales en la causa original que justifiquen el desplazamiento del directorio. En ese marco, ordenó también el levantamiento de las restricciones sobre las cuentas personales de Voytenco y la designación de un veedor para garantizar una transición ordenada.

Cuestionamientos a la intervención

La decisión judicial tuvo en cuenta el planteo del fiscal Guillermo Marijuan, quien advirtió irregularidades en la adopción de medidas cautelares sin intervención del Ministerio Público Fiscal. En contrapartida, el Gobierno había solicitado sostener la intervención alegando persistencia de anomalías administrativas.

Sin embargo, el propio informe oficial reconoció que la intervención logró sanear la obra social, argumento que fue utilizado por el juez para dar por concluido el proceso. Desde la conducción sindical, en cambio, se denunció que durante ese período no se presentaron balances ni estados contables y que se incumplieron normas básicas de control interno.

Denuncias y tensiones políticas

La intervención de Osprera fue una de las más sensibles impulsadas por el Gobierno, bajo la órbita del entonces ministro Mario Lugones, con fuerte respaldo político del entorno de Lule Menem. El interventor designado, Marcelo Petroni, fue objeto de múltiples denuncias por parte del sindicato.

Entre las acusaciones más graves se mencionan la duplicación de la estructura administrativa, el recorte del gasto en prestaciones médicas y la interrupción de tratamientos de alta complejidad. La UATRE aseguró que durante la intervención se acumularon cientos de amparos judiciales por falta de cobertura y se iniciaron causas penales vinculadas a presuntos casos de abandono de persona.

Vuelta a la gestión sindical

Desde la UATRE celebraron la resolución judicial al considerar que restituye la autonomía sindical y pone fin a un período de fuerte conflictividad institucional. No obstante, advirtieron que el estado en el que será devuelta la obra social aún debe ser evaluado y que el proceso de normalización no será inmediato.

Con la decisión de Casanello, Osprera vuelve a quedar bajo la conducción de las autoridades elegidas por los trabajadores, cerrando una de las disputas más tensas entre el Gobierno nacional y el sindicalismo en el ámbito del sistema de salud.