Un procedimiento policial realizado en la Peatonal 83 de Necochea generó repercusión y abrió un debate profundo sobre criterio, capacitación y prioridades en materia de seguridad. Fabián Torres, persona con discapacidad y conocido por gran parte de la comunidad necochense, fue demorado por efectivos del Operativo Sol tras ser visto con una pistola de juguete.

Fabián es vecino del barrio Villa Balnearia, vive sobre la avenida 10 y recorre a diario distintos sectores de la zona costera. Integra el taller protegido Todo para Ellos, participa de actividades municipales y es ampliamente reconocido por su trato afectuoso y su presencia habitual en la vía pública. Nunca representó un peligro para nadie.

Según se informó, la demora se produjo ante la presunta confusión que podía generar el objeto. Sin embargo, lo ocurrido no puede interpretarse como una acción preventiva, sino como una intervención atravesada por el desconocimiento y la falta de criterio en discapacidad y salud mental, con consecuencias emocionales directas para Fabián.

El episodio le provocó miedo y angustia, debiendo ser contenido posteriormente por su familia. Desde la dependencia policial interviniente señalaron que el trato fue respetuoso, aunque el impacto psicológico ya estaba hecho.

El caso tomó estado público a partir del posteo difundido por su mamá en redes sociales, donde relató lo sucedido y expresó su preocupación:

“Hoy lo llevaron demorado por andar con una pistola de juguete por la 83.

Entiendo que alguien pueda asustarse, a Fabián me refiero, pero a él se le nota que es una persona particular y el arma era de juguete.

Comerciantes de la zona avisaron enseguida. ¿Era para tanto?

Fabián salió asustado y angustiado. Por favor cuiden a este tipo de personas, no los asusten.

Fabián es una persona sumamente cariñosa y si se le habla, entiende todo.”

Más allá del hecho puntual, lo ocurrido volvió a poner sobre la mesa las prioridades del accionar policial en la ciudad.

Mientras se destinaron recursos y tiempo a demorar a una persona que no representaba riesgo alguno, vecinos y comerciantes continúan denunciando zonas liberadas, con robos de autos y motos, casas desvalijadas, mecheras actuando a plena luz del día, venta de droga en la vía pública y trapitos sin control.

La sensación que se repite en la calle es clara: el problema no es la falta de delitos, sino la falta de respuestas frente al delito real. Cuando las intervenciones recaen sobre personas vulnerables y no sobre quienes cometen hechos delictivos, el criterio queda seriamente cuestionado.

El episodio expone la necesidad de revisar protocolos de actuación, reforzar la capacitación en discapacidad y salud mental y garantizar una presencia policial efectiva, orientada a cuidar a la comunidad sin generar daño innecesario.