El Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Necochea dictó una medida cautelar de amparo que suspende el avance del proceso de subasta del Complejo Casino, hasta tanto se regularicen los trámites administrativos correspondientes.
Según surge de la resolución judicial, la decisión se fundamenta en irregularidades detectadas en el procedimiento, entre ellas la falta de presentación de información requerida oportunamente en el marco del expediente. Esa documentación había sido solicitada a comienzos de diciembre y no habría sido aportada antes de la aprobación de la ordenanza que habilitó la subasta.
El juez interviniente consideró que, a partir de lo actuado por el Ejecutivo municipal, no se encuentran cumplidas las condiciones exigidas por la normativa vigente para avanzar con el proceso.
Según trascendió, el Municipio aún no habría sido notificado formalmente de la resolución judicial, por lo que la medida cautelar se hará efectiva una vez cumplidos los pasos procesales correspondientes. En ese marco, cualquier otra derivación deberá analizarse una vez consolidada la notificación y definido el alcance de la medida.
En los días previos a la resolución, el proceso de subasta estuvo acompañado por una fuerte exposición mediática y política, en la que se registraron ataques y cuestionamientos públicos hacia la ingeniera Susana Laborde, quien había requerido en primera instancia el acceso a la información vinculada al proceso.
También fueron blanco de esas críticas su abogado patrocinante, Juan Pablo Molina, y el propio magistrado interviniente, el Carlos Herrera, a cargo de la decisión judicial.
Según se señaló desde distintos ámbitos, esa presión mediática y política no logró modificar el curso del expediente, y el amparo fue finalmente notificado en horas de la tarde, dando lugar a la medida cautelar que suspendió la subasta.
El amparo que dio origen a la cautelar se apoyó en una serie de observaciones sobre el procedimiento administrativo, entre ellas la falta de acceso a información clave, cuestionamientos sobre los plazos y la documentación presentada, y otros aspectos que, según se planteó, no se ajustaban a la normativa vigente.
Estos elementos fueron considerados por el juzgado, que resolvió hacer lugar a la medida cautelar y frenar el proceso hasta tanto se subsanen las irregularidades señaladas.
La resolución judicial también abre la posibilidad de que el caso derive en nuevas instancias judiciales, vinculadas a la actuación de los funcionarios que impulsaron el proceso de subasta. En ese marco, no se descarta que puedan analizarse eventuales responsabilidades penales, entre ellas las del intendente Arturo Rojas y del secretario de Legal y Técnica, Ernesto Povilaitis, en relación con el cumplimiento de los deberes propios de la función pública y otros posibles encuadres legales, lo que quedará sujeto al avance de las actuaciones correspondientes.
La situación continúa en desarrollo y la información será ampliada a medida que se conozcan más detalles del fallo y de la postura que adopte el Ejecutivo municipal una vez notificado formalmente.
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