La suspensión judicial de la subasta del Complejo Casino, prevista para el 11 de febrero, abrió un frente político y mediático que trascendió el debate sobre el destino del edificio histórico. En los días posteriores al fallo, publicaciones periodísticas identificaron con nombre, apellido y fotografía al abogado patrocinante de la acción judicial y al magistrado que dictó la medida cautelar.

En ese contexto, el abogado necochense Alberto Esnaola presentó ante el Consejo Directivo del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Necochea un pedido de “repudio enérgico”, solicitando una intervención institucional en defensa del ejercicio profesional y de la independencia de poderes.

La solicitud del abogado y referente político Alberto Esnaola

Días después, el Colegio se expidió oficialmente.

El comunicado institucional

En un documento fechado el 10 de febrero de 2026, el Consejo Directivo expresó:

“El Consejo Directivo del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Necochea expresa su preocupación ante las manifestaciones públicas que descalifican a un profesional de la matrícula por el sólo hecho de ejercer su rol como abogado patrocinante en una causa judicial.”

“El ejercicio de la abogacía se encuentra constitucionalmente garantizado y constituye una función esencial para el Estado de Derecho. El abogado no puede ser identificado ni confundido con la causa o con su representado, y toda forma de estigmatización, agravio o personalización por el ejercicio lícito de la profesión resulta inadmisible.”

“Este Colegio reafirma su compromiso con la defensa del libre y digno ejercicio profesional, conforme la Ley 5.177, y exhorta a que el debate público se desarrolle con responsabilidad institucional, sin descalificaciones personales.”

“Asimismo, se recuerda que las decisiones del Colegio se adoptan de manera democrática, dentro de los plazos y formas institucionales, sin estar sujetas a agendas ajenas a su autonomía.”

“El Consejo Directivo ratifica su rol como institución intermedia en la defensa de la abogacía, del decoro profesional y de las garantías que hacen a la tutela judicial efectiva de la ciudadanía.”

Casino, debate público y clima institucional

La controversia por la subasta del Casino —un proceso impulsado por el Departamento Ejecutivo y luego suspendido por una medida cautelar del fuero contencioso administrativo— generó una fuerte discusión en el plano político local.

La individualización pública no solo de la vecina denunciante sino de los profesionales intervinientes en el expediente derivó en un debate sobre los límites del señalamiento personal en el marco de una controversia institucional.

El pronunciamiento del Colegio introduce una dimensión institucional al conflicto y coloca el eje en la protección del ejercicio profesional como garantía democrática, en un escenario donde confluyen intereses políticos, decisiones judiciales y discusión pública.

Más allá del futuro del Complejo Casino, el episodio deja planteada una discusión de fondo sobre el equilibrio entre libertad de expresión, debate político y resguardo de quienes intervienen en procesos judiciales dentro del sistema republicano.