Cada 24 de febrero la Argentina conmemora la Proclamación de los Derechos del Trabajador impulsada en 1947 por Juan Domingo Perón, un hito que consolidó derechos fundamentales como el aguinaldo, las vacaciones pagas —que dejaron de ser decretos para convertirse en ley—, la retribución justa, la protección frente al despido arbitrario y la seguridad social. Aquellos principios, años más tarde, quedarían incorporados en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que establece la protección especial del trabajo.

A 80 años de esa declaración, el escenario laboral vuelve a ocupar el centro del debate político. En ese marco, la secretaria de Organización de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), Natalia Sánchez Jauregui, se pronunció sobre la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei y expresó preocupación por el alcance de los cambios propuestos.

“Estamos frente a una reforma que implica un claro retroceso en materia de derechos. A nuestro entender, vulnera principios consagrados en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el principio de progresividad que rige en materia de derechos sociales”, afirmó.

La dirigente explicó que el principio de progresividad —reconocido en tratados internacionales con jerarquía constitucional— establece que el Estado no puede retroceder en el nivel de protección alcanzado en materia de derechos laborales sin una justificación estricta.

“Cuando se reducen garantías o se debilita la tutela frente al despido, no estamos modernizando el sistema: estamos tensionando principios constitucionales básicos”, sostuvo.

El fuero laboral en debate

Uno de los puntos que genera mayor inquietud en el ámbito sindical es la situación del fuero laboral, creado durante el primer gobierno de Perón para garantizar una Justicia especializada en los conflictos entre capital y trabajo.

En ese sentido, Sánchez Jauregui advirtió que avanzar en su cierre, vaciamiento o reformulación desde cero “desnaturaliza su razón de ser”.

“Si se reemplaza por una estructura sin autonomía real, se debilita el acceso efectivo a la justicia. Y sin una justicia laboral independiente, cualquier reforma queda prácticamente blindada frente al control constitucional”, expresó.

Para la dirigente, la eventual modificación del fuero no puede analizarse de manera aislada.

“Si debilitás el órgano que debe controlar la constitucionalidad de las normas laborales, preparás el terreno para sostener reformas que afectan derechos básicos”, señaló.

Impacto en el trabajo rural

Desde UATRE sostienen que el sector rural podría verse especialmente afectado por los cambios en discusión. Se trata de una actividad atravesada por la estacionalidad, la tercerización y altos niveles de informalidad, factores que históricamente motivaron la sanción de un régimen específico de protección.

“La Ley 26.727 fue una conquista para un sector históricamente postergado. Limitar herramientas como la responsabilidad solidaria o extender períodos de prueba en actividades estacionales no genera empleo genuino: genera más precarización”, explicó.

En el aniversario de la proclamación de 1947, Sánchez Jauregui planteó que el debate excede la discusión técnica sobre una reforma normativa.

“Estamos ante un debate de fondo: qué modelo de país queremos. Uno donde el trabajo tenga protección especial, como establece la Constitución, o uno donde el mercado defina sin límites”, sostuvo.

Y concluyó: “A 80 años de aquella proclamación histórica, nuestra responsabilidad es defender el trabajo digno y una justicia laboral independiente. Los derechos no son un obstáculo para el desarrollo; son la base de una sociedad con igualdad y cohesión social”.