El Gobierno nacional promulgó el nuevo Régimen Penal Juvenil, una reforma que introduce cambios en el sistema de responsabilidad penal para menores de edad en Argentina. La medida fue oficializada mediante el Decreto 138/2026 publicado en el Boletín Oficial, con la firma del presidente Javier Milei y del ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques.

El punto central de la norma es la baja en la edad de imputabilidad, que pasa de 16 a 14 años. De esta manera, adolescentes de 14 y 15 años podrán ser juzgados penalmente en determinados delitos dentro de un sistema específico para menores.

La ley fue aprobada por el Senado el 27 de febrero, con 44 votos a favor y 27 en contra, durante el período de sesiones extraordinarias del Congreso.

Un sistema de sanciones escalonado

El nuevo régimen establece un sistema de sanciones graduadas, que contempla tanto la edad del adolescente como la gravedad del delito y las circunstancias en las que fue cometido.

Entre las medidas previstas se incluyen programas socioeducativos, restricciones de conducta, servicios comunitarios, reparación del daño y, en casos de delitos graves, penas de prisión que deberán cumplirse en establecimientos diferenciados de los destinados a adultos.

La normativa plantea que el sistema debe priorizar la reinserción social y el acompañamiento educativo, aunque el debate público también incluye cuestionamientos sobre la capacidad del sistema para garantizar esos objetivos.

Cambios respecto al proyecto original

El proyecto impulsado por el oficialismo proponía inicialmente bajar la edad de imputabilidad a 13 años, pero durante el debate legislativo se acordó fijarla en 14 años para lograr consenso con sectores de la oposición.

La iniciativa contó con el acompañamiento de legisladores de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y bloques provinciales.

Durante la discusión parlamentaria, la senadora Patricia Bullrich defendió la reforma al señalar que la ley busca responder a las demandas de seguridad y modificar el enfoque del sistema penal juvenil.

Comparación con otros países

Con este cambio, Argentina pasa a ubicarse en un esquema similar al de varios países de América Latina donde la responsabilidad penal juvenil comienza a los 14 años, como Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Venezuela, Bolivia y República Dominicana.

En otros países de la región, como Brasil, Ecuador, Costa Rica, El Salvador y Panamá, el inicio de la responsabilidad penal se establece incluso desde los 12 años.

El debate sobre la edad de imputabilidad y el rol del sistema penal juvenil continúa siendo uno de los temas más discutidos en la agenda pública vinculada a seguridad, justicia y políticas de infancia.