La situación del PAMI comenzó a generar preocupación en distintas ciudades del país. Atrasos en los pagos a prestadores, suspensión de prestaciones y recortes en coberturas ya impactan en la atención de jubilados y afiliados, y Necochea no queda al margen del problema.

En la ciudad, prestadores y pacientes advierten desde hace meses una serie de dificultades que afectan el funcionamiento del sistema. Entre los reclamos más frecuentes aparecen faltantes de médicos de cabecera, prestaciones suspendidas —especialmente en discapacidad y salud mental— y recortes en la cobertura de medicamentos, que en muchos casos dejaron de contar con el 100% de cobertura.

Afiliados también señalan largas esperas, y demoras en la entrega de insumos esenciales, como pañales, sillas de ruedas, muletas y otros elementos ortopédicos.

A esto se suma la situación de las residencias de adultos mayores, que en muchos casos se encuentran colapsados generando una larga espera hasta conseguir un lugar disponible. 

La actual gestión tampoco ha logrado gestionar nuevas instituciones que quieran trabajar con PAMI.

Salud mental y tensión en el sistema sanitario

El sistema de salud mental del distrito también atravesó dificultades. La clínica José Ingenieros, uno de los principales dispositivos de atención de la ciudad, enfrentó meses atrás una situación crítica vinculada a retrasos en los pagos y problemas de financiamiento que llegaron a poner en riesgo su continuidad.

En paralelo, distintos actores del sistema sanitario local advierten que el esquema de derivaciones y financiamiento generó un traslado de recursos desde el hospital público hacia prestadores privados, lo que terminó debilitando la capacidad del sistema estatal.

Uno de los puntos señalados fue el traspaso de recursos hacia la clínica privada Cruz Azul, que concentró parte de las derivaciones vinculadas a prestaciones del PAMI. Sin embargo, con el tiempo esa estructura no logró absorber la demanda ni dar respuestas suficientes, lo que terminó obligando a muchos vecinos a regresar al hospital público.

De esta manera, el sistema estatal debió volver a absorber gran parte de la demanda, muchas veces sin contar con los recursos ni los pagos correspondientes, lo que genera una presión creciente sobre hospitales y centros de salud.

Reclamos que se repiten en otras ciudades

La problemática no se limita a Necochea. En distintas ciudades bonaerenses comenzaron a aparecer reclamos similares vinculados a deudas del PAMI y retrasos en los pagos a prestadores.

Uno de los casos más visibles se registra en Olavarría, donde médicos que atienden afiliados de la obra social presentaron una nota ante el Honorable Concejo Deliberante para advertir sobre una situación que calificaron como “crítica e insostenible”.

En el documento, dirigido al presidente del cuerpo, Guillermo Santellán, los profesionales señalaron que la obra social mantiene plazos de pago vencidos y deudas acumuladas, lo que compromete el funcionamiento de consultorios y la continuidad de las prestaciones.

Los médicos advirtieron que el incumplimiento “pone en riesgo inminente la continuidad de la atención médica de miles de adultos mayores”, ya que algunos profesionales evalúan suspender la atención bajo la modalidad de crédito a la obra social.

En la ciudad incluso comenzaron a registrarse cortes de atención por parte de especialistas, entre ellos cardiólogos y oftalmólogos.

Demoras en pagos y alerta en el sistema

El problema también impacta en otros sectores vinculados a la atención de afiliados.

Desde el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires señalaron que existen demoras de hasta tres meses en las liquidaciones, lo que obliga a muchas farmacias a financiar con fondos propios el costo de los medicamentos.

Esta situación altera toda la cadena de pagos, ya que los establecimientos deben cumplir compromisos con droguerías y proveedores mientras esperan los reintegros de la obra social.

Conflictos similares se registraron en ciudades como Junín y Mar del Plata, mientras que reclamos por atrasos en los pagos también aparecen en provincias como La Pampa, Córdoba y Santa Fe.

“Es un problema de salud pública”

Una médica prestadora explicó que la situación se arrastra desde hace varios meses y ya impacta directamente en la continuidad del servicio.

“Pagaron la cápita, pero no las prestaciones. Ya está corriendo el tercer mes sin cobrar”, señaló.

Según explicó, el esquema actual exige una fuerte carga administrativa con ingresos muy bajos.

“Con sumas muy bajas tenemos que hacer recetas, derivaciones, historias clínicas, excepciones de medicamentos, órdenes para pañales e insumos, prácticas de laboratorio, además de las consultas”, detalló.

Prestadores advierten que, si la situación no se regulariza, podrían multiplicarse los cortes de atención y la presión sobre hospitales públicos, que ya enfrentan una demanda creciente de afiliados.