El basural de Necochea volvió al centro de la agenda política local. La concejal macrista Eugenia Vallota presentó una minuta de comunicación en el Concejo Deliberante para exigir información sobre la calidad del agua subterránea, la presencia de arsénico y los posibles efectos contaminantes derivados del predio de disposición de residuos.

Pero el planteo no quedó en lo formal. En diálogo con NdeN, la edil lanzó una acusación directa contra la gestión del intendente Arturo Rojas:

“Si hay un contrato vigente donde hay una disposición y separación de residuos que no se está cumpliendo y el intendente lo está pagando, está siendo una defraudación al Estado”.

 

El foco: napas, lixiviados y salud pública

El proyecto pone el eje en un punto sensible: el estado de las napas y el impacto ambiental del basural.

Entre sus fundamentos, advierte que los basurales a cielo abierto generan lixiviados —líquidos contaminantes con metales pesados y compuestos orgánicos— que pueden infiltrarse en el suelo y afectar las aguas subterráneas. Se trata de un riesgo que en Necochea ya tuvo antecedentes concretos, incluso con denuncias por contaminación en zonas cercanas al predio.

A esto se suma la presencia de arsénico en aguas subterráneas, un fenómeno extendido en la provincia que, sin controles adecuados, puede implicar riesgos sanitarios. En ese sentido, el proyecto recuerda que el límite recomendado por la Organización Mundial de la Salud es de 10 microgramos por litro para consumo humano.

Además, la iniciativa invoca el derecho de acceso a la información ambiental y exige que el municipio transparente datos que hoy no están disponibles para la comunidad.

Una auditoría sobre el sistema ambiental

La minuta presentada implica, en los hechos, una revisión integral del sistema ambiental del distrito.

Se solicitan estudios hidrogeológicos y análisis de calidad de agua de los últimos diez años, monitoreos en zonas cercanas al basural y controles sobre el agua de red.

También se exige información sobre el estado del predio de disposición final, los sistemas de tratamiento de lixiviados, los controles sobre efluentes cloacales y los niveles de arsénico detectados.

A su vez, el proyecto pide un mapa actualizado de perforaciones y datos concretos sobre la planta de separación de residuos, una obra anunciada hace años pero que todavía no muestra avances sostenidos.

Además, establece un plazo de 30 días para que el municipio realice análisis de agua en escuelas, hospitales y centros de salud, y elabore un mapa de calidad de agua por barrios.

Las denuncias previas que siguen sin avances

El planteo de Vallota no es nuevo. La concejal recordó que ya había llevado el tema a la Justicia con un planteo contra el intendente por el manejo del contrato de residuos.

Denunció ante la Fiscalía Ambiental de la Provincia de Buenos Aires, y a su vez en el plano local que salió sorteada la UFI 30 a cargo de la funcionaria pública Verónica Posse.

“Yo incluso denuncié en la Fiscalía Ambiental el tema del basurero. No la retiré”, aseguró aunque dijo que de esa instancia nunca tuvo novedades.

La otra causa —radicada en la UFI a cargo de la fiscal Verónica Posse—, según la propia edil, tampoco registró avances significativos.

“Me mandaron un mail diciendo que la iban a archivar. Las veces que me citaron fui, pero hasta ahora poco se hizo para investigar”, sostuvo.

Y volvió a insistir sobre el eje central de su denuncia:
“Se está pagando un servicio que no se cumple”.

Basura, contrato y una deuda que sigue creciendo

El debate por el basural también se cruza con decisiones recientes del Concejo Deliberante. En diciembre de 2025, en una sesión exprés, el oficialismo aprobó un nuevo acuerdo con la empresa concesionaria del servicio de residuos que implicó reconocer intereses sobre una deuda que pasó de alrededor de 1.000 millones a más de 2.700 millones de pesos.

Se trata de un esquema vinculado a un servicio que continúa bajo cuestionamiento por su nivel de cumplimiento y que, además, se encuentra atravesado por conflictos judiciales vinculados al predio donde funciona el basural.

Povilaitis en el centro de las miradas

En ese entramado aparece una figura clave dentro del Ejecutivo: el secretario de Legal y Técnica del municipio, Ernesto Povilaitis.

Con trayectoria en el ámbito estatal, su nombre también estuvo vinculado en distintos momentos a la representación legal de la empresa concesionaria de residuos, lo que vuelve difusa —para algunos sectores— la línea entre los intereses públicos y privados en uno de los contratos más sensibles de la gestión.

Su participación en distintos tramos del conflicto por el basural y en la construcción del esquema contractual vigente vuelve a ponerlo en el centro del debate.

Una planta que no arranca

Otro de los puntos críticos es la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos.

“El intendente anunció que iba a estar en funcionamiento, pero hoy la planta está cerrada”, afirmó Vallota.

Además, cuestionó la lógica del sistema actual:
“Se ponen puntos limpios, pero si después no hay una planta funcionando, no tiene sentido”.

Un problema que escala

El pedido de informes vuelve a poner en agenda un tema que excede lo ambiental.

PROYECTO VALLOTA by noticiasdenecochea

La posible contaminación de napas, la falta de controles, el manejo del contrato de residuos y las denuncias judiciales configuran un escenario que podría escalar en el plano institucional y judicial.

Mientras tanto, el basural deja de ser solo un problema ambiental para convertirse en un eje central de la discusión política local, donde las responsabilidades del Estado vuelven a quedar cada vez más expuestas.