
El proceso se desarrolla en el Tribunal Penal N°37, bajo la conducción del juez Guilherme Schilling Pollo Duarte, y podría resolverse en pocas audiencias debido a las características del sistema judicial brasileño.
La causa se basa en tres episodios denunciados el 14 de enero, cuando la joven fue filmada realizando gestos y sonidos discriminatorios durante una discusión por el pago de una cuenta.
La policía civil brasileña le incautó el pasaporte a una abogada argentina tras proferir insultos racistas contra un empleado de un bar en Ipanema, en Río de Janeiro. pic.twitter.com/b4CuYf0anN
— Real Time (@RealTimeRating) January 17, 2026
Las imágenes se viralizaron y derivaron en denuncias por parte de trabajadores del lugar.
En Brasil, este tipo de conductas se encuadra como “injuria racial”, una figura que fue equiparada al delito de racismo tras la sanción de la Ley 14.532 en 2023.
La normativa establece penas de entre 2 y 5 años de prisión por cada hecho, lo que en este caso podría derivar en una condena máxima de hasta 15 años.
Actualmente, Páez permanece en Brasil bajo medidas cautelares, entre ellas el uso de una tobillera electrónica, la retención de su pasaporte y la prohibición de salir del país.
La defensa, encabezada por la abogada Carla Junqueira, busca que se desestimen dos de las tres imputaciones y sostiene que los hechos no constituyen un acto de racismo premeditado.
Además, intenta que la acusada pueda regresar a Argentina mientras continúa el proceso judicial, mediante acuerdos de cooperación entre ambos países.
Días antes del inicio del juicio, la joven difundió un video en redes sociales en el que pidió disculpas públicas y calificó su conducta como una “reacción muy grave”.
En una intervención previa a su detención, también expresó:
“Hay una orden de prisión preventiva para mí por peligro de fuga siendo que tengo una tobillera electrónica puesta y que estoy a disposición de la Justicia desde el día uno. Se están vulnerando todos mis derechos, estoy desesperada, estoy muerta de miedo”.
Según su entorno familiar, atraviesa un delicado estado emocional mientras espera la resolución judicial.
El caso vuelve a poner en foco las diferencias entre los marcos legales de ambos países.
En Argentina, la Ley 23.592 sanciona actos discriminatorios y prevé penas en algunos casos, aunque no siempre implica prisión efectiva. En cambio, en Brasil la legislación es más estricta: la Constitución considera al racismo como un delito imprescriptible y no excarcelable bajo fianza.
Además, desde 2023 la injuria racial fue equiparada al racismo, con penas de prisión de 2 a 5 años, lo que endureció significativamente el tratamiento judicial de estos casos.
El desarrollo del juicio será clave para definir la situación judicial de la joven, en un proceso que podría resolverse en pocas audiencias y que mantiene repercusión tanto en Argentina como en Brasil.