La madrugada que cambió la historia argentina

El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas derrocaron al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón e instauraron una dictadura que se extendería hasta 1983. Aquella madrugada comenzó uno de los períodos más oscuros y violentos de la historia argentina.

La Junta Militar, integrada por Jorge Rafael Videla, Emilio Massera y Orlando Agosti, puso en marcha un plan sistemático de represión ilegal que incluyó secuestros, torturas, desapariciones forzadas, asesinatos, apropiación de bebés y el funcionamiento de cientos de centros clandestinos de detención.

El terrorismo de Estado dejó un saldo de 30.000 personas detenidas desaparecidas, miles de presos políticos, exiliados y familias atravesadas por el silencio y el miedo.

No se trató de hechos aislados ni excesos individuales. La represión fue organizada desde el Estado, con planificación, estructura y objetivos definidos.

Terrorismo de Estado: el plan sistemático

La dictadura implementó un aparato represivo clandestino que operó en todo el país. Según registros judiciales y de organismos de derechos humanos, funcionaron más de 800 centros clandestinos de detención.

Las víctimas fueron secuestradas en sus casas, en sus lugares de trabajo o en la vía pública. Muchas permanecieron desaparecidas hasta hoy. Otras fueron asesinadas y arrojadas al mar en los llamados “vuelos de la muerte”.

Entre los desaparecidos hubo trabajadores, estudiantes, docentes, periodistas, militantes políticos, sindicalistas y profesionales. La represión se dirigió especialmente contra sectores organizados y militantes sociales.

También se registró la apropiación sistemática de bebés nacidos en cautiverio, uno de los crímenes más graves cometidos durante la dictadura. Gracias al trabajo de Abuelas de Plaza de Mayo, más de 130 nietos y nietas recuperaron su identidad, aunque aún quedan cientos por encontrar.

No fue una guerra: el rol del Estado

Uno de los debates que resurgen a 50 años del golpe es el intento de equiparar el terrorismo de Estado con la violencia política previa al golpe.

Sin embargo, organismos de derechos humanos, historiadores y la propia Justicia argentina coinciden en que no se trató de una guerra ni de una confrontación entre fuerzas equivalentes.

El terrorismo de Estado implicó la utilización del aparato estatal —fuerzas armadas, de seguridad, inteligencia y sectores civiles— para perseguir, secuestrar y eliminar a ciudadanos sin juicio ni garantías legales.

Los crímenes cometidos durante la dictadura fueron juzgados como delitos de lesa humanidad, lo que implica que fueron sistemáticos, planificados y ejecutados desde el Estado.

La diferencia central radica en que el Estado tiene la obligación de garantizar derechos y proteger a la población. Cuando el propio Estado se convierte en el ejecutor de la violencia ilegal, se rompe el orden democrático y se configura el terrorismo de Estado.

Memoria, verdad y justicia: una construcción histórica

Tras el retorno de la democracia en 1983, Argentina inició un proceso único en el mundo. La creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) permitió documentar miles de casos de desaparición forzada.

El informe "Nunca Más" sentó las bases para el Juicio a las Juntas, realizado en 1985, que condenó a los principales responsables de la dictadura.

Luego de años marcados por leyes de impunidad e indultos, la anulación de esas normas en 2003 permitió reabrir los juicios por delitos de lesa humanidad.

Desde entonces, más de 1.100 represores fueron condenados en más de 300 sentencias en todo el país. Sin embargo, organismos de derechos humanos señalan que aún existen causas pendientes y responsables sin juzgar.

La memoria frente al negacionismo

A 50 años del golpe, la memoria vuelve a ser objeto de disputa. Discursos que relativizan el terrorismo de Estado, cuestionan el número de desaparecidos o intentan reinstalar la teoría de los dos demonios reaparecen en el debate público.

Frente a estos intentos, organismos de derechos humanos remarcan que los crímenes de la dictadura no son una interpretación, sino hechos investigados, documentados y juzgados por la Justicia.

El consenso democrático construido desde 1983 se basó en la condena al terrorismo de Estado y en la defensa de los derechos humanos como pilares fundamentales.

Nunca Más: una consigna vigente

A 50 años del golpe de Estado, la consigna "Nunca Más" mantiene plena vigencia. No solo como memoria del pasado, sino como compromiso con la democracia.

Las movilizaciones del 24 de marzo, que se repiten cada año en todo el país, reflejan la persistencia de una sociedad que continúa defendiendo la memoria, la verdad y la justicia.

Cinco décadas después, el 24 de marzo sigue siendo una fecha de reflexión colectiva. Un recordatorio de uno de los períodos más sangrientos de la historia argentina y, al mismo tiempo, una reafirmación de los valores democráticos.

Porque la memoria no es solo recuerdo.
Es también presente y futuro.

Y a 50 años del golpe de Estado, el compromiso con el Nunca Más continúa siendo una construcción colectiva.