El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino fueron procesados por la Justicia en una causa por presuntas irregularidades impositivas millonarias, en una decisión que generó fuerte impacto en el fútbol argentino.

La medida fue dictada por el juez federal en lo penal económico Diego Amarante, quien también dispuso embargos por 350 millones de pesos para cada uno y mantuvo la prohibición de salida del país para ambos dirigentes.

Según la investigación judicial, la AFA habría omitido el pago de más de 19.000 millones de pesos en impuestos y aportes patronales, en una maniobra que incluye retenciones vinculadas al IVA, Ganancias y contribuciones al sistema de seguridad social.

El expediente se inició tras una denuncia presentada en diciembre de 2025, que detectó la falta de pago de obligaciones fiscales correspondientes a distintos períodos entre 2024 y 2025.

Qué dijo la Justicia

En su resolución, el juez sostuvo que la AFA y sus autoridades habrían liderado una maniobra sistemática de apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social.

Además, el magistrado remarcó que la entidad contaba con liquidez suficiente, con plazos fijos millonarios y movimientos financieros importantes, lo que descartaría una situación de crisis económica.

Para la Justicia, la decisión de no pagar impuestos habría sido deliberada, pese a contar con recursos disponibles.

La defensa de Tapia y los dirigentes

Durante su declaración, Claudio Tapia se desvinculó de la deuda y sostuvo que su rol dentro de la AFA es institucional, sin participación directa en la gestión tributaria.

El dirigente señaló que las decisiones vinculadas a pagos e impuestos corresponden a áreas técnicas de la entidad y no a su función como presidente.

Además, Tapia argumentó que la AFA no habría cometido delito alguno porque existía una resolución administrativa del Ministerio de Economía que suspendía ejecuciones fiscales, por lo que consideró que no había incumplimiento penal.

En la misma línea, otros dirigentes investigados señalaron que no tenían intervención directa en la operatoria tributaria de la entidad.

Por su parte, el tesorero Pablo Toviggino sostuvo una defensa técnica y argumentó que la AFA actuó amparada por normativas que permitían planes de alivio fiscal y prórrogas, negando la existencia de dolo o intención delictiva.

Sin embargo, el juez rechazó esos argumentos y consideró que la entidad contaba con recursos suficientes para cumplir con sus obligaciones.

Impacto institucional

El procesamiento no implica una condena, pero representa un avance significativo en la causa judicial y abre un escenario de incertidumbre institucional en la AFA.

Por el momento, no hay sanciones deportivas ni impacto directo en la Selección Argentina, aunque el caso podría escalar si se producen cambios institucionales dentro de la entidad.