La Cámara de Diputados de la Nación votará el próximo 8 de abril la reforma de la Ley de Glaciares, una iniciativa impulsada por el gobierno de Javier Milei junto a gobernadores de provincias mineras que genera un fuerte debate ambiental y político en todo el país.
La normativa actual, sancionada en 2010, prohíbe actividades como la minería y la explotación industrial en glaciares y zonas periglaciares, consideradas reservas estratégicas de agua dulce.
El proyecto que llegará a Diputados ya cuenta con media sanción del Senado y propone modificar la definición de las áreas protegidas, además de trasladar mayor poder a las provincias para decidir qué zonas proteger y cuáles habilitar para actividades productivas, principalmente mineras.
Desde el Gobierno y sectores mineros sostienen que la reforma busca dar mayor claridad normativa y promover inversiones, especialmente en proyectos de litio, cobre y otros minerales estratégicos.
Sin embargo, organizaciones ambientales advierten que la modificación podría reducir la protección actual y poner en riesgo reservas de agua dulce, fundamentales para distintas regiones del país.
Entre las principales preocupaciones que plantean especialistas y organizaciones ambientales se destacan:
Argentina cuenta con alrededor de 17.000 glaciares, que alimentan cuencas hídricas clave para el consumo humano, la agricultura y la biodiversidad.
En paralelo al tratamiento legislativo, organizaciones ambientales, sociales y comunidades de distintas provincias convocaron movilizaciones en defensa de la ley actual y contra la reforma.
También se realizaron audiencias públicas con amplia participación ciudadana, donde una mayoría de expositores se manifestó en contra de los cambios propuestos, mientras que sectores empresariales y mineros respaldaron la iniciativa.
Las convocatorias incluyen concentraciones frente al Congreso y movilizaciones en distintas ciudades del país para el mismo 8 de abril, día previsto para la votación.
La votación en Diputados será clave para definir si se mantienen las actuales protecciones o si avanza la reforma impulsada por el Gobierno nacional.