La entidad rural sostuvo que estas resoluciones marcan un precedente importante y refuerzan el reclamo de mayor transparencia en el uso de los recursos. “La presión fiscal no puede sostenerse al margen de la legalidad ni desligada de la prestación efectiva de servicios”, señalaron desde CARBAP.
Según se informó, la Justicia se pronunció en distritos como Daireaux, Azul y Carlos Casares, donde se determinó que el cobro de tasas viales sin mantenimiento de los caminos rurales puede considerarse ilegítimo o un “impuesto encubierto”.
Además, en otros casos judiciales se ordenó a municipios informar el destino de los fondos recaudados por estas tasas, reforzando la necesidad de transparencia en la administración de los recursos.
El escenario cobra relevancia local luego de que alrededor de 50 productores rurales de Necochea decidieran avanzar por la vía judicial para exigir información sobre lo recaudado y su destino, sin discutir inicialmente el valor del tributo.
El reclamo se da en un contexto de cuestionamientos al estado de los caminos rurales del distrito. Productores señalaron que existen alrededor de 1.400 kilómetros de caminos rurales, muchos de ellos en mal estado, lo que complica la producción y el traslado de mercadería.
En esa línea, el productor Marcelo West también había cuestionado la situación, al señalar que el problema “nunca fue de plata, sino de decisión política”, en referencia al mantenimiento de la red vial rural.
Desde CARBAP indicaron que la problemática se replica en distintos distritos de la provincia de Buenos Aires, donde productores reclaman que las tasas viales deben estar vinculadas a una contraprestación concreta y verificable.
El conflicto por las tasas viales, el estado de los caminos rurales y la transparencia en el uso de los fondos continúa escalando y suma cada vez más capítulos judiciales, mientras el sector rural insiste en la necesidad de reglas claras y mejoras en la infraestructura productiva.
“Desde CARBAP entendemos que estos fallos no sólo resuelven casos particulares, sino que envían una señal institucional contundente: la presión fiscal no puede sostenerse al margen de la legalidad ni desligada de la prestación efectiva de servicios.
El campo no rehúye sus obligaciones. Por el contrario, exige reglas claras. Transparencia en el uso de los recursos y una correspondencia real entre lo que se paga y lo que se recibe.”