La acusación sostiene que existiría un esquema de “vaciamiento” y “colapso inducido” en áreas vinculadas a infraestructura vial, en medio del fuerte deterioro que muestran numerosas rutas nacionales.

 

Qué plantea la denuncia

Según trascendió, la presentación judicial cuestiona el destino de partidas presupuestarias específicas que debían utilizarse para mantenimiento, reparación y ejecución de obras viales.

Los denunciantes sostienen que parte de esos recursos habrían sido reasignados o utilizados para otros fines, afectando directamente la capacidad operativa de Vialidad Nacional y el estado general de las rutas.

Además, advierten sobre el impacto que esta situación podría tener en términos de seguridad vial, conectividad y actividad económica.

 

“Colapso inducido” y deterioro de rutas

El planteo judicial habla de un presunto proceso deliberado de desfinanciamiento y debilitamiento del sistema de infraestructura vial.

En ese marco, se menciona el deterioro creciente de rutas nacionales, la paralización de obras y la reducción de tareas de mantenimiento en distintos corredores estratégicos del país.

La discusión aparece además en un contexto donde distintas provincias y municipios vienen reclamando por el mal estado de rutas y caminos afectados por temporales, tránsito pesado y falta de inversión.

 

 

El debate por la obra pública

El caso vuelve a instalar el debate sobre el rol de la obra pública y la política de ajuste impulsada por el Gobierno nacional.

Desde la gestión de Javier Milei se viene sosteniendo una fuerte reducción del gasto estatal en infraestructura, bajo el argumento de equilibrio fiscal y recorte del déficit.

Sin embargo, sectores políticos, sindicales y técnicos advierten que la paralización de obras y el deterioro vial generan consecuencias directas sobre transporte, producción y seguridad.

Investigación y repercusiones

La denuncia busca ahora que la Justicia investigue el manejo de fondos destinados a infraestructura vial y determine si existieron irregularidades administrativas o posibles delitos vinculados al uso de partidas públicas.

El caso comenzó a generar repercusiones políticas y podría profundizar la discusión sobre el estado de las rutas nacionales y el futuro de la inversión pública en infraestructura.