Desde previamente al aislamiento y agravada por la misera situación sanitaria en las unidades penales de la provincia, privados de la libertad de diversas cárceles de la provincia de Buenos Aires realizaron protestas. Ayer se realizó una de estas en el complejo penitenciario de Villa Devoto, donde los internos se subieron a los techos para exigir que la Justicia ordene excarcelaciones y arrestos domiciliarios, tras conocer el caso positivo de Coronavirus de un penitenciario. 

Luego de las imágenes de los detenidos tomando la planta alta de la unidad de Devoto y rompiendo los techos para mostrarse ante el público y los medios de comunicación, se realizó una mesa de negociación, concretada en la capilla del penal, en la que participaron funcionarios del gobierno, delegados de los presos, familiaries y abogados. Allí se pactó una nueva reunión para hoy pero con la asistencia de jueces, quienes tienen la responsabilidad y posibilidad de dar directivas.

En ese sentido, el Juez Federal en el Tribunal en lo Criminal N° 1  de Necochea, Mario Juliano, quien tiene una fuerte presencia y experiencia en unidades penales, a través de la ONG Pensamiento Penal, realizó declaraciones en sus redes sociales. Allí habló de que aunque las cárceles sean gobernadas por el Estado, esto no implica ejercicio autoritario, también de la construcción de "consensos" y expresó la experiencia realizada en mesas de delegados en la unidad de Batán. 

La opinión de Juliano:

"Las mesas de diálogo son herramientas indispensables para el gobierno de la cárcel que, una vez superada la emergencia, deben continuar funcionando.

Las prisiones son establecimientos que claramente deben ser gobernados por el Estado, lo que no implica que el ejercicio de ese gobierno sea autoritario. 

El gobierno estatal de la cárcel se legitimará en la medida que cuente con el consenso de la comunidad que tiene que gobernar, y ese consenso implica dialogar, escuchar, tender puentes, crear lazos y vínculos.

El Estado (los servicios penitenciarios) lejos de perder autoridad legitimará su actuación buscando la forma de gestionar los cotidiano en forma armónica y consensuada.

En las mesas de diálogo debe participar toda la comunidad penitenciaria: funcionarios penitenciarios, judiciales, representantes de ONGs, la cultura, el deporte, la salud y, por supuesto, las personas privadas de la libertad.

Este es el modelo que de un tiempo a esta parte impulsamos en la UP 15 de Batán que, afortunadamente, se ha mantenido ajena de los conflictos de los últimos días, quizá como producto de la construcción de ese diálogo pacificador.

El modelo al que adherimos se vincula con los modelos de democracias participativas, donde la ciudadanía se involucra de modo directo en la construcción de su futuro.

La violencia no puede ser el camino para conquistar los derechos. La violencia genera justificados rechazos de la sociedad. El camino debe ser el de la paz y el consenso".