Tras el pedido de la querella de la familia de Noa, en la reapertura del juicio que se realizó el lunes, se dio lugar a que se amplíe la calificación de la causa. Fue en la audiencia del lunes, que la jueza Mariana Jiménez aceptó el pedido de ampliación realizado por el abogado Sebastián Barletta y que intenta conseguir justicia tras el asesinato de Noa Suarez en Quequén en diciembre de 2014. Además del homicidio culposo, podrían ser juzgados ahora también por torturas seguida de muerte.

Con esta acusación "autónoma de tortura seguida de muerte hay una pena de prisión perpetua... no los 3 años mentirosos que el aparato jurídico necochense venia impulsando", criticó Barletta.

Respecto a una prisión preventiva, agregó que "hicimos una valoración que por la corta edad que tienen estos torturadores, que son utilizados por las altas jerarquías para llevar adelante represión, para cuando nosotros logremos la condena, que quiere decir que van a pasar toda su vida en la cárcel... para nosotros genera una interpretación de que existe la peligrosidad procesal de fuga... no creo que ellos esperen pacientemente un juicio... por eso pedimos que no estén en la calle y se gire a Asuntos Internos de la Provincia de Buenos Aires para que ya los desafecten de la fuerza", explicó.

Sin embargo la jueza descartó el pedido diciendo "que no hacia lugar a la detención porque los acusados siempre se habían presentado, pero si los obligo a fijar un domicilio y al control del Patronato de Liberados", contó Barletta.

Reflexiones

"Nuevamente un órgano jurisdiccional pudo hacer lugar a las facultades autónomas que tienen las victimas para poder llevar adelante la acción penal cuando los ministerios públicos y fiscales no tienen las suficientes independencias como para poder llevar adelante acciones contra funcionarios públicos, esto se da en la mayoría de los casos civiles", expresó a NdeN Barletta a modo de balance jurídico. 

Se trata, según agregó el letrado, de "permitirle al particular damnificado de la Provincia de Buenos Aires le dé la posibilidad autónoma de ejercer la acción penal, cosa que el nuevo código penal federal ya permite" explicó y agregó que la solicitud fue de detención a todos los policías y también  "que si la Provincia no tiene las normas necesarias para garantizar la querella en los términos del código penal rápidamente que los legisladores “tomen el guante” y esto se equilibre y no haya como dice Rafecas “ciudadanos de primera o de segunda”. 

Además, opinó que "los organismos de dd.hh no son la panacea pero hoy por hoy son nuestro norte para poder lograr de que escuchen que la argentina hay una violación sistemática de los derechos humanos y los gobiernos que se pretenden o de izquierda o populares no acompañan después en los hechos y en las calles cualquier tipo de protección".