JUSTICIA POR MICHEL “NOA” SUÁREZ -  A “NOA” LO TORTURÓ Y MATÓ LA POLICÍA DE QUEQUÉN

Desde el Colectivo Contra el Gatillo Fácil de La Plata nos solidarizamos con la familia de Michel “Noa” Suárez, joven de 20 años asesinado el 6 de diciembre de 2014 mientras estaba detenido en la comisaría 2da de Quequén, y exigimos un juicio justo en la justicia criminal con la carátula de torturas seguidas de muerte sobre los policías Fernando Pérez Zenatti, Matías Germán Larrea, Yanina Paola Mohana y Héctor Daniel Allamanla. No podemos aceptar que las torturas se escondan bajo figuras penales más leves, mucho menos como un homicidio culposo, como si se tratara de un “accidente”.

El caso presenta todos los elementos de una ejecución ilegal, arbitraria y sumaria. Un joven vulnerable detenido y golpeado en sede policial con la excusa de un hecho menor como la rotura de una vidriera, una trama de encubrimientos que elaboró e instaló la versión del suicidio, una tarea pericial que omitió constatar las evidentes marcas de golpes sobre el cuerpo del joven y una justicia que avaló una investigación deficiente y convalidó con ello el accionar impune de los asesinos de uniforme.

Michel Suarez, apodado “Noa”, sufría acoso policial desde que tenía 13 años. La noche del 6 de diciembre de 2014 se había juntado con sus amigos y habían salido a la calle. “Noa” usaba muletas por una herida que había tenido en la pierna. Fue detenido con la excusa de romper un vidrio de un local del partido Fe que conducía Gerónimo “Momo” Benegas. Fue trasladado esposado a la comisaría 2da de Quequén y confinado esposado y sin sus muletas en un espacio denominado "locutorio", alejado de los calabozos con los presos comunes. Unas horas después fue recibido esposado y agonizando en el hospital local, para morir producto de los golpes recibidos. Allí comenzó la operación de encubrimiento: la versión policial instaló que se ahorcó con el cordón de la malla que tenía puesta.

La justicia no se encargó de explicar cómo una persona con una herida considerable en la pierna y con las manos esposadas pudo ahorcarse colgándose de un techo de 2 metros de altura, tratándose de un joven alto y con 10 centímetros de los pies al piso.

La fiscalía convalidó la versión policial e instruyó la causa en la justicia correccional acusando a los policías de “homicidio culposo” por incumplir su deber de quitarle el cordón de la malla. Todo ello pese a las marcas en el cuerpo del pibe, y de un video que circula en internet del velatorio de “Noa” en el que se ve un gran golpe en la cabeza que provocó que parte de su cráneo se desplace, y un corte en la ceja que el joven no tenía previo a la detención. También pese a los testimonios de otros presos que escucharon gritos y golpes durante la detención del joven. Los cuatro agentes acusados son Fernando Pérez Zenatti y Matías Germán Larrea, que detuvieron a “Noa” y lo trasladaron a la comisaría; Yanina Paola Mohana, que estaba de guardia en los calabozos y el oficial de servicio Héctor Daniel Allamanla.

En la causa no se cumplieron los postulados del Protocolo de Minnesota, un procedimiento modelo recomendado por Naciones Unidas orientado a evitar que funcionarios del Estado puedan actuar o influir en la investigación, que sugiere apartar a la policía de la instrucción y cumplir un protocolo de autopsia con acceso a las partes y a la sociedad para garantizar la transparencia del proceso. Las heridas mortales que presentaba el cuerpo de “Noa” no fueron constatadas debidamente, lo cual hubiera hecho cambiar el curso de la investigación y la calificación del hecho.

El debate oral se venía postergando desde 2017, y esa tardanza en una situación impune se llevó la vida de la madre y luego del hermano del joven. Iniciado en febrero pasado en el juzgado Correccional 1, a cargo de la jueza subrogante Mariana Giménez y con actuación del fiscal Walter Pierrestegui, en el debate oral declaró el titular de la Comisaría 2da de Quequén, comisario Germán Herold, quien trató de excusarse diciendo que Noa no fue golpeado, que “se vivió una situación horrible” y que fue el oficial Allamanla quien descubrió al joven agonizando y gritó “¡Se colgó!”. Luego la querella de la familia realizó un pedido de ampliación en la calificación hacia la figura de torturas seguidas de muerte. En las últimas horas la juez Giménez aceptó el pedido, aunque no avaló la detención de los policías, y sumó la nueva calificación como acusación alternativa, mientras la fiscalía se mantiene en su escandalosa tesis del suicidio. La ampliación de la carátula es auspiciosa, aunque la situación de los policías no ha variado porque la jueza Giménez entendió que no hay peligro de fuga ni de entorpecimiento de la investigación, por eso mandó a que fijen domicilio para ser custodiados por el Patronato de Liberados.

En nuestra región, La Plata y alrededores, tenemos tristes antecedentes de muertes por torturas en sede policial, desde el secuestro y asesinato de Andrés Nuñez en la Brigada de Investigaciones de La Plata en septiembre de 1990 con la excusa del robo de una bicicleta, pasando el caso de Daniel Migone, asesinado en la celda de contraventores de la Comisaría 9na en noviembre de 2005, el de Néstor Ariel Canizzo ocurrido en octubre de 2011 en las Comisarías 3ra y 4ta de Berisso y el de Germán Gómez, asesinado en la Comisaría 2da de Alejandro Korn tras ser detenido en junio de 2019 por robo de un auto. En todos los casos la Mejor Maldita Policía del Mundo manipuló, escondió o influenció prueba en la investigación e hizo perder tiempo en la investigación de los hechos, como está ocurriendo actualmente en el caso de la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro.

Sabemos que las torturas en cárceles y comisarías siguen siendo la principal causa de muerte como parte de la política represiva del estado. Así lo muestra el Archivo de casos 2020 de la Correpi, que detalla que casi el 50% de los más de 7.500 homicidios cometidos por la policía o los servicios penitenciarios de 1983 a la fecha corresponden a personas que estaban detenidas o bajo custodia. Son las vidas de más de 3.700 personas. Y así lo confirma el “Informe sobre investigaciones penales iniciadas por hechos de violencia institucional” que publica regularmente el Ministerio Púbico de la Provincia de Buenos Aires, que informa que en 2019 fueron más de 1.700 hechos registrados en comisarías y cárceles bonaerenses, el 45% de ellos correspondientes al eufemismo de “severidades, vejaciones y/o apremios ilegales” con que se cuantifica la tortura en nuestra provincia y que produjeron sólo en ese año 131 muertes. Entre enero y julio de 2020 fueron más de 570 hechos ocurridos en unidades penitenciarias o dependencias policiales y 43 personas asesinadas.

La tortura sigue siendo una práctica sistemática y moneda corriente en nuestro país. Sabemos también que la aplicación de tormentos es escondida por los fiscales y los jueces que instruyen esos hechos criminales: se cierran los procesos sin determinar culpable o se la investiga bajo figuras penales más leves, como en el caso de “Noa”, bajo la irrisoria carátula del homicidio culposo, como si tratara de un hecho producido por negligencia o “exceso” en el uso de la fuerza. 

Estamos convencidos de que la represión es una política de Estado, porque todos los gobiernos han desaparecido personas, han fusilado con el gatillo fácil, han torturado en cárceles y comisarías, han armado causas y perseguido a los luchadores populares. Y ello no puede llamarse “Violencia Institucional”, concepto que parece admitir la legitimidad de algunas violencias estatales, buscando combatir los supuestos “excesos” de ciertas instituciones como la Policía o el Servicio Penitenciario. En verdad las fuerzas represivas, las que ejercen el monopolio legal del uso de la fuerza tan defendido por quienes creen en la absolutización del Estado de Derecho, no cometen actos inadecuados de violencia sino que son constitutivamente violentas. La violencia es la norma y no algo a corregir, y las leyes existentes tienden a legitimar la represión legal e ilegal, por lo que identificar esas prácticas como una distorsión no nos deja ver  contra qué estamos luchando. Además es muy sugerente ver a muchos sectores políticos que se dicen populares, pero que cuando son gobierno hablan de los hechos represivos que ocurren como “Violencia Institucional”, para denunciar la represión sólo cuando son oposición al gobierno de turno. Nosotrxs preferimos hacerlo más sencillo. Entendemos que el concepto de Represión Estatal da cuenta más precisamente de la naturaleza de las prácticas con que las fuerzas del Estado ejercen violencia física y simbólica sobre nosotrxs. Entendemos que la represión no debe esconderse como “Violencia Institucional”.

Hay un antecedente importante para empezar a juzgar las torturas como lo que son, y es la condena de mayo de 2015 a 10 años de prisión al policía bonaerense Julio Diego Torales que torturó a Luciano Nahuel Arruga en septiembre de 2008 en el mismo destacamento policial de Lomas del Mirador desde donde lo desaparecieron 4 meses después. El Estado reconoció las torturas a Luciano, pero sigue sin avanzar en la causa por la desaparición forzada de Luciano y se niega a realizar el jury al juez Gustavo Banco y las fiscales Roxana Castelli y Y Celia Cejas Martín por entorpecer la investigación del caso.

Pero falta mucho para que el Estado empiece a reconocer las prácticas criminales que ejercen sus agentes de inseguridad. Por eso acompañamos a la familia y amigos de “Noa” en el reclamo para que el hecho sea juzgado como corresponde, por torturas seguidas de muerte.

¡BASTA DE TORTURAS Y MUERTES EN COMISARÍAS Y CÁRCELES!
¡A NOA LO MATÓ LA POLICÍA DE QUEQUÉN!
¡NI UN PIBE NI UNA PIBA MENOS!
¡SI ES INSTITUCIONAL NO ES VIOLENCIA, ES REPRESIÓN ESTATAL!

Colectivo Conta el Gatillo Fácil La Plata