La Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo (UNMa) ha llevado su batalla por la financiación a la arena judicial. En una medida sin precedentes, la institución presentó una acción ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo, buscando poner fin a lo que considera una "retención ilegítima" de los fondos necesarios para su operatividad, consagrados por ley y presupuesto nacional.

La rectora de la UNMa, Cristina Caamaño, ex fiscal y ex interventora de la AFI, expresó su preocupación por la situación, calificándola como un ataque a la vida democrática y educativa del país. El reclamo apunta directamente al Ministerio de Capital Humano y demanda el cese inmediato de la retención de fondos, esenciales para el funcionamiento de la universidad.

La crisis financiera ha alcanzado un punto crítico, con los trabajadores sin cobrar sus salarios desde hace cuatro meses. Esta situación no solo afecta al personal, sino que también pone en riesgo la educación de más de 2.000 alumnos, quienes podrían enfrentar obstáculos para continuar sus estudios. La emergencia educativa se ve agravada por la infraestructura deficiente y la falta de insumos, generando un clima propenso a medidas de fuerza por parte de los docentes universitarios.

En este contexto, la UNMa busca en la Justicia una solución urgente a una crisis que amenaza no solo a la institución misma, sino también a miles de estudiantes y trabajadores que dependen de ella para su desarrollo educativo y laboral.