El exjuez federal y abogado necochense Eduardo Freiler presentó una denuncia contra el expresidente Mauricio Macri y al menos cinco exfuncionarios de su gobierno por el envío de material bélico a Bolivia luego del golpe de Estado que derrocó a Evo Morales.

La denuncia apunta contra el exmandatario y los exministros Patricia Bullrich (Seguridad), Oscar Aguad (Defensa), Jorge Faurie (Relaciones Exteriores) y contra otros exfuncionarios que ocuparon áreas clave en el Gobierno de Macri como el exsecretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo.

“Inicialmente estamos hablando de un contrabando que, por la implicación de funcionarios públicos, está agravado”, señaló Freiler en comunicación con Las Primeras Noticias. “La Corte Interamericana de Derechos Humanos indicó que en Bolivia se cometieron masacres con motivos étnicos y políticos. Esto hace que el envío de armas por parte de Argentina sea un delitos de Lesa Humanidad”, agregó el exjuez.

Freiler explicó que una eventual condena por "contrabando agravado" podría derivar en una pena máxima de 12 años, aunque advirtió: "Si hay un concurso por las masacres, creo que, con la legislación argentina, puede ameritar una cadena perpetua".

La denuncia, que aún no fue sorteada porque fue presentada después del horario judicial, recoge información periodística publicada por el diario Página/12 en la que se hace referencia al envío de material represivo antitumulto a Bolivia en noviembre de 2019. 

En ese artículo se reveló el hallazgo de una carta supuestamente enviada por el entonces comandante general de la Fuerza Aérea boliviana, Jorge Gonzalo Terceros Lara, al entonces embajador argentino Bolivia Normando Álvarez García, a quien le agradecía "la colaboración prestada" en el marco del respaldo internacional "debido a la situación conflictiva que vive Bolivia".

La carta permanece aún en la embajada argentina en Bolivia y daba cuenta de que el gobierno de Macri había enviado a ese país 70 mil cartuchos Anti Tumultos, gases lacrimógenos en spray MK-9 y MK-4; 50 granadas de gas CN; otras 19 CS y 52 granadas de gas HC.

“Son casi nulas las argumentaciones que pueden justificar lo que pasó. Estamos hablando de 70 mil cartuchos. Es una barbaridad. Dicen que no es material letal, pero hubo muertos y heridos”, expresó Freiler. 

Por último, el excamarista consignó que el delito de contrabando agravado tiene una pena máxima de 12 años de prisión, pero "si hay un concurso por las masacres", con la legislación argentina, "puede ameritar una cadena perpetua”.