La titular de la Fiscalía Federal N°1 de Mar del Plata, Laura Mazzaferri, dictaminó este jueves en favor de conceder las medidas cautelares que solicitan el cese y/o suspensión de las actividades de exploración sísmica, explotación petrolera y otros trabajos vinculados, frente a las costas del Partido de General Pueyrredón.

La fiscal solicitó que antes de que comiencen las acciones de exploración se lleve a cabo una evaluación ambiental estratégica, para asegurar que su aprobación no infrinja la normativa en materia ambiental, tanto a nivel nacional como internacional.

Las acciones de amparo, que en caso de aprobarse frenarían la exploración inminente frente a las playas de la Costa Atlántica, fueron presentadas por un ciudadano particular y por la Organización de Ambientalistas Autoconvocados.

En el caso del ciudadano, pedía la suspensión de las actividades de exploración sísmica, "hasta tanto se obtuviera la Declaración de Impacto ambiental garantizando el acceso a la información pública” y se garantizara la “efectiva participación de la comunidad del Partido de General Pueyrredón en el proceso de evaluación de impacto ambiental” y en la toma de decisiones.

Además, solicitaba que intervengan la Universidad Nacional de Mar del Plata, a la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, a la Universidad Nacional de La Plata y al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), para la elaboración de los informes sanitarios, técnicos, ambientales y de impacto correspondientes.

El segundo amparo, presentado por la Organización de Ambientalistas Autoconvocados interpuso un hábeas corpus colectivo que fue rechazado por el juez de primera instancia, pero que luego la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata ordenó reconducir como acción de amparo.

La organización destacó “la amenaza actual e inminente sobre todos los ejemplares de Ballenas Franca Austral (…) por las emisiones sonoras perturbadoras que generarán las prospecciones sísmicas (bombardeo sonoro intensivo de alto impacto) sobre la Cuenca Norte del Mar Argentino”.

Vale recordar que las actividades en cuestión habían sido autorizadas por el gobierno de Alberto Fernández mediante el Decreto 900/21 y aprobadas por la Resolución N°436/21 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, a cargo de Juan Cabandié.