jueves 11 de agosto de 2022 - Edición Nº2139

Opinión | 1 jul 2022

Historia de una ciudad con puerto

"Voy a escribir una historia que solo a un trasnochado delirante se le puede ocurrir. Sería preocupante que tenga asidero en la realidad. No es una historia en contra de los puertos ni de la actividad privada, en lo más mínimo, sino de cómo el territorio y la comunidad pueden disfrutar de los beneficios de tener uno (o cómo no lo puede hacer)". Por Maximiliano Cantoni, Licenciado en Economía.


Por:
Max Cantoni

Historia de una ciudad con puerto. Por Max Cantoni 

Voy a escribir una historia que solo a un trasnochado delirante se le puede ocurrir. Sería preocupante que tenga asidero en la realidad. No es una historia en contra de los puertos ni de la actividad privada, en lo más mínimo, sino de cómo el territorio y la comunidad pueden disfrutar de los beneficios de tener de uno (o cómo no lo puede hacer).

Había una vez una ciudad que tenía el privilegio de disponer ventajas geográficas para que exista un puerto. Durante mucho tiempo, y con muchos tropiezos, allí funcionó una estación marítima bajo control estatal donde salían los granos que eran consumidos en el extranjero.

La Nación a la que este territorio pertenecía, hace 30 años ingresó en una ola de privatizaciones, y en ese marco los elevadores terminales y los silos que disponía en el puerto fueron dados en concesión a privados (casualmente por 30 años que están por terminar). Las autoridades argumentaron que los “nuevos dueños” lo iban a manejar más eficientemente, autocriticándose fuertemente dado que ellos no supieron hacerlo. No conforme con esto, también se desprendieron de todo el puerto, se formó un ente con participación mayoritariamente y preponderantemente privada para que lo administrara (más eficientemente claro está). Por esas casualidades del realismo mágico que a veces suceden, las empresas que ganaron la licitación del elevador también formaban parte del ente administrador del puerto. La ciudad era chiquita y se conocían todos, eran pocos para cubrir los cargos.

El Estado no se desentendió completamente del puerto, las empresas privadas interesadas golpearon sus puertas para que se haga cargo de las grandes inversiones de mantenimiento, así como las necesarias para permitir su crecimiento. Es por eso que el Estado terminó pagando, por ejemplo, por los trabajos de profundización y dragado para que ingresen buques más grandes y saquen más materias primas todas juntas. También reconstruyó la Escollera para que el puerto sea más eficiente. Esto genera un gran dilema: ¿el puerto es más eficiente porque lo manejan los privados o porque el Estado invirtió para que puedan operar esos privados? Irrelevante para algunos, quizás.

Este Estado no pretendía desprenderse gratis de sus instalaciones, así en el contrato de concesión de la ex terminal pública se estableció un canon de centavos de dólar por toneladas exportadas, que representaba el 10% de la tarifa que se podía cobrar. Además, la concesionaria tenía que pagar por adelantado el monto estimado por siete años del mismo. Dinero que se iba a utilizar para pagar las indemnizaciones a los trabajadores despedidos al privatizarse. Dicen que el plantel quedó reducido a menos de la mitad, de los 270 trabajadores quedaron solo 110, para lograr la eficiencia deseada. 

El Estado sacó cuentas y determinó que le era un buen negocio, el funcionario encargado de liquidar la participación pública en el elevador se animó a escribir que se estaría hablando de 60.000.000 millones de dólares de caja durante los 30 años. Nada mal por un elevador en un lugar perdido. Con el diario del lunes, se puede sostener que el cálculo fue asombrosamente acertado. 

La ganadora de la licitación aceptó a regañadientes tener que pagar algo, háyase visto. Los diarios de la época reflejan ese malestar, se oponían porque las instalaciones fueron construidas con sus impuestos. Tiene lógica dentro de su lógica. Las empresas que se instalaron en la administración del puerto y las terminales portuarias lógicamente intentaron maximizar sus ganancias y minimizaron sus costos, como haría cualquiera.  Hay que pichulear un poco.

Pagaron el canon adelantado estipulado en 3.640.000 de dólares, que en ese momento y en ese país mágicamente eran iguales a pesos. Acá sí, el Estado le erró al vizcachazo, porque según cálculos realizados como mínimo debían pagar el triple, un monto superior a los 11.000.000 de dólares/pesos. Errar es humano, perdonar...

Era todo viento en popa para el puerto y sus operadores. La actividad fue aumentando, las exportaciones crecieron y el puerto también creció. Pocas voces disonantes y un negocio en marcha. Pero la ciudad y el territorio donde estaba instalado no la pasaba bien, su estructura productiva se deterioró, prácticamente desaparecieron actividades como la pesca y la construcción. El turismo que también era una actividad de relevancia fue perdiendo brillo. Desempleo y crisis se empezaron a palpar en la calle. Pero el puerto funcionaba y cada vez mejor. ¡A brindar por eso! En algún momento va a derramar crecimiento y desarrollo para la mayoría, solo hay que esperar.

Después de los 7 años pagados por adelantado, a la empresa le dio pereza. Justo cuando tenía que empezar a pagar, le pareció mejor idea presentarse en la justicia para “que se declare cancelada su obligación de abonar el canon por dicha concesión” y se manifiestó confundida, no sabía ahora a quién le tenía que rendir cuentas, si a la Nación, a la Provincia o al ente. Todo muy confuso como para seguir pagando.

Para peor, al poquito tiempo este país entró en una de las mayores crisis de su historia y su economía voló por los aires, así fue que se desvaneció la magia de un dólar = un peso. La empresa, esperando que la justicia se expida a su favor (dejar de pagar), no se dio por aludida y siguió depositando algunos pesos en una cuenta judicial, sin respetar siquiera la pesificación asimétrica dispuesta por ley de 1 dólar = 1,40 pesos.

La justicia evidentemente no funciona muy bien en este país, ya que el fallo para destrabar el conflicto tardó la mitad del tiempo de la concesión ¿Qué se define? Por un lado, con el acuerdo de la Nación y la Provincia se pesifica el contrato, mágicamente sigue funcionando en este puerto el 1 dólar = 1 pesos + coeficiente de actualización (muy por debajo de la devaluación del peso) ¿Seguirá representando el 10% de la tarifa cobrada? Quién sabe. Por otro lado, determina que el canon tiene que ser transferido al ente, el mismo que maneja en parte la empresa concesionaria: paga con una mano y cobra con la otra ¿Dónde entra el Estado en ese negocio? Ni hablar del derrame y esperar el desarrollo para el territorio.

En la cuenta judicial quedaron más de $10.000.000, los cuales se transfirieron al ente y tenía que disponer una parte de lo recaudado para “acciones y obras de integración portuaria con la comunidad”, lo que se podría llamar proyecto Puerto-Ciudad ¿Cuántas cuadras de calles cercanas a hospitales y escuelas se podrán asfaltar? ¿Cuántas campañas electorales también se podrán asfaltar? Aquí quizás estará el desarrollo esperado.

En definitiva, un negocio que iba a otorgar $60.000.000 de dólares al Estado, terminó siendo de apenas un poco más de $3 millones de pesos / dólares para pagar indemnizaciones por los despidos y unos cuantos pesos devaluados que se manejan discrecionalmente dentro de la estación marítima. Lejos, muy lejos de los cálculos originales. 

Falta un final para el cuento. Hay un capítulo relevante que se está escribiendo, en el que se vence la concesión y el Estado puede renegociar condiciones un tantito mejores. Puede que sea un final trágico o la historia tenga un vuelco al estilo de la saga de películas de Rocky, donde se permita integrar verdaderamente el puerto al territorio, haciendo que sus beneficios sean disfrutados por la comunidad en general. Donde se respete el contrato mínimamente ¿es mucho pedir?, donde el desarrollo del puerto empuje el crecimiento de la ciudad (como se decía cuando se privatizó) y no se desarrolle a espalda de la misma, donde los habitantes del territorio puedan vivir en mejores condiciones con una matriz productiva que le brinde oportunidades. El puerto puede y debe aportar un granito de arena, al menos fomentando la incorporación de valor en lo que se comercia. Así como el Estado debe participar más activamente direccionando parte del canon para brindar mejores servicios (educación, salud, etc.) e infraestructura para los habitantes y visitantes. Ese final es un tanto más feliz.
El tiempo dirá. 

 

Maximiliano Cantoni. Lic. en Economía. Magister en Desarrollo Territorial y Urbano (UNQ)

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